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El Banco de España tiene la facultad de sancionar sobre las entidades de crédito en el marco de la legislación financiera española. Esta función incluye la posibilidad de imponer multas cuando se detectan infracciones graves, con el objetivo de preservar la confianza en el sistema financiero.

Estas atribuciones derivan de la Ley 10/2014, de 26 de junio, sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades financieras. En su artículo 4, la norma establece que el Banco de España es responsable de ejercer la función supervisora y sancionadora de estas entidades.

Entre las infracciones susceptibles de sanción figuran deficiencias en la organización interna, fallos en el control de riesgos y vulneraciones en materia de transparencia e información al cliente.

El Banco de España puede imponer sanciones millonarias a las entidades que incumplan sus obligaciones.(Fuente: Shutterstock)

Qué tipo de normas puede exigir el Banco de España

El régimen sancionador del sistema financiero contempla diferentes niveles de infracción, desde leves hasta muy graves, que pueden derivar en sanciones económicas significativas. Para las entidades de crédito, las multas pueden alcanzar hasta el 10 % del volumen de negocio neto anual o 10 millones de euros, si esa cifra resultara inferior.

El Banco de España publica periódicamente en su web las sanciones firmes impuestas, con el fin de dotar al proceso de transparencia y reforzar la disciplina del sector financiero.

Entre los incumplimientos detectados figuran irregularidades en la gestión administrativa, deficiencias en los procedimientos de control interno y vulneración de las normas de protección de los consumidores.

Cómo esto protege el Banco de España al cliente

Las sanciones impuestas por el Banco de España tienen repercusiones tanto económicas como reputacionales para las entidades sancionadas. Además, obligan a los bancos a implementar medidas correctoras, mejorar sus procedimientos de control interno y reforzar sus sistemas de transparencia.

El régimen de supervisión tiene como finalidad garantizar que las entidades de crédito operen dentro de un marco de disciplina regulatoria y respeten las obligaciones que les impone la normativa española y europea.

Para los clientes, este mecanismo representa una garantía adicional frente a posibles prácticas irregulares, ya que el supervisor puede actuar en caso de incumplimientos.

En este contexto, el poder sancionador del Banco de España constituye un instrumento esencial para la estabilidad del sistema financiero y para la protección de los derechos de los usuarios de servicios bancarios.

Los usuarios pueden presentar reclamaciones si consideran que su entidad no respeta la normativa vigente.(Fuente: Shutterstock)

Qué deben tener en cuenta los clientes

Existen determinados elementos que los clientes pueden verificar para asegurarse de que una entidad de crédito actúa conforme a la normativa vigente. Entre ellos se incluyen:

  • La entrega de información clara y suficiente sobre condiciones contractuales, comisiones y riesgos asociados a los productos.

  • La presentación de cuentas y estados financieros de acuerdo con las normas establecidas en circulares del Banco de España, como la Circular 6/2021, que reformó los criterios de información financiera pública y reservada.

  • La ausencia de demoras injustificadas o rechazos arbitrarios en la tramitación de reclamaciones.

  • La existencia de mecanismos de control interno y procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento normativo, incluyendo auditorías, gestión de riesgos y sistemas de gobierno corporativo.

En los supuestos en los que se detecten incumplimientos relevantes, los clientes tienen la posibilidad de presentar reclamaciones ante la propia entidad y, en caso de no obtener respuesta satisfactoria, elevarlas al Banco de España u otras autoridades competentes.

El marco sancionador del supervisor constituye una herramienta institucional destinada a reforzar la disciplina de las entidades financieras y a asegurar el respeto de los derechos de los usuarios.