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La seguridad de la Unión Europea se traslada cada vez con mayor intensidad al terreno digital. Con ese diagnóstico, la Comisión Europea presentó una propuesta de Ley de Ciberseguridad que endurece las condiciones de acceso al mercado comunitario para proveedores tecnológicos considerados de “alto riesgo”.
Una categoría en la que se encuadran principalmente empresas chinas de telecomunicaciones.
El objetivo oficial de la norma consiste en reforzar la protección de las cadenas de suministro tecnológicas y garantizar que los productos y servicios digitales sean seguros desde su diseño.
Sin embargo, detrás del lenguaje técnico emerge una decisión política de alto impacto: limitar de forma obligatoria la presencia de compañías extranjeras en infraestructuras estratégicas del continente.
¿Qué implica la nueva Ley de Ciberseguridad impulsada por Bruselas?
La propuesta establece un marco común para identificar y mitigar riesgos en 18 sectores críticos, entre ellos las redes de telecomunicaciones, la energía, el transporte, la salud y la defensa.
A diferencia de regulaciones anteriores, el nuevo esquema deja de ser una recomendación voluntaria y pasa a exigir a los Estados miembros medidas concretas de reducción de riesgos.
En la práctica, la normativa habilita a los gobiernos a revisar contratos vigentes y a eliminar progresivamente la participación de proveedores de terceros países catalogados como sensibles.
Aunque el texto no menciona nombres propios, en Bruselas se da por descontado que la medida apunta a compañías como Huawei y ZTE, actores centrales en el despliegue de redes 4G y 5G en Europa.
La Comisión admite que los plazos de sustitución serán desiguales según el sector. Mientras que en algunas áreas el reemplazo podría completarse en pocos meses, en otras la dependencia tecnológica resulta más profunda, como ocurre con los paneles solares o determinados equipos de red.
¿Cómo respondió China y qué impacto puede tener en Europa?
Desde China, la reacción no se hizo esperar. El Gobierno chino acusó a la UE de “sobredimensionar el concepto de seguridad” y de recurrir a criterios políticos en lugar de técnicos para justificar posibles vetos.
Pekín sostiene que sus empresas han operado durante años en Europa respetando la normativa local y contribuyendo al desarrollo digital del continente.
Las autoridades chinas advirtieron además que la retirada forzosa de equipos ya provocó pérdidas económicas significativas en algunos países y podría ralentizar el avance tecnológico europeo.
Según esta visión, la estrategia comunitaria no solo encarece el despliegue de nuevas redes, sino que también erosiona la imagen de la UE como mercado abierto a la inversión.
En Bruselas, en cambio, el debate se enmarca en una reflexión más amplia sobre autonomía estratégica. La Comisión considera que reducir dependencias tecnológicas, tanto de China como de Estados Unidos, resulta clave para preservar la soberanía digital europea en un contexto de creciente rivalidad geopolítica.
El texto ahora deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los gobiernos nacionales, que contarán con un año para adaptarlo a su legislación interna una vez que entre en vigor.
