Localizar una vivienda de alquiler se ha transformado en una tarea sumamente compleja en gran parte del territorio nacional. Los precios continúan incrementándose de manera sostenida y la oferta disponible no logra satisfacer una demanda en constante ascenso. A este contexto se añade la prohibición de desahucios, prorrogada hasta el año 2026, que reconfigura el mercado. La medida afecta de manera directa tanto a propietarios como a inquilinos. Actualmente, muchos propietarios prefieren retirar sus inmuebles del mercado tras haber sufrido impagos que se prolongaron durante meses. Al mismo tiempo, quienes buscan alquilar viven el proceso como una auténtica carrera de obstáculos. El Gobierno ha logrado alcanzar un acuerdo político para extender el denominado escudo social. Esta decisión incluye una protección reforzada para las familias vulnerables y mantiene las restricciones que han estado vigentes desde la pandemia, de acuerdo con los decretos aprobados. Las políticas están dirigidas a hogares en situación de vulnerabilidad. Estas abarcan tanto los casos de impago de la renta como aquellos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta medida influye en las decisiones de los propietarios. Estas políticas fueron implementadas mediante el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el cual fue aprobado en el contexto de la pandemia. Desde ese momento, el Gobierno ha decidido renovarlas anualmente debido a la persistencia de la crisis social y económica. La última prórroga fue aprobada en el Consejo de Ministros de 2025. Este decreto extiende la prohibición de desahucios durante todo el año 2026, a la espera de la aprobación del Congreso, lo que genera una prolongada incertidumbre en el mercado del alquiler. El acuerdo político incluye la prohibición de cortes de suministros básicos. La medida protege a hogares vulnerables frente a la interrupción del suministro de luz, agua y gas durante todo 2026. EH Bildu subrayó que “el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante”. El grupo destacó que la protección sigue siendo necesaria en el actual contexto económico y social. También se mantiene la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas iban a caducar el 31 de diciembre, pero el pacto alcanzado permite extenderlas al menos un año más. La prohibición de desahucios se orienta a familias en situación de vulnerabilidad que carecen de una alternativa habitacional válida. Esta medida abarca hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género. La protección se extiende igualmente a aquellos que habitan en una vivienda sin título legal. En tales circunstancias, es necesario que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad económica y social establecidos en la normativa vigente. Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios bajaron un 11,6% interanual. El 76% de los lanzamientos se produjo por conflictos derivados del impago del alquiler. Muchos propietarios que recuperan sus viviendas tras largos litigios deciden retirarlas del mercado. Esta estrategia reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre quienes buscan alquiler. Expertos advierten que la prohibición de desahucios intensifica la selección de inquilinos. Familias con una sola renta, menores o personas mayores pierden opciones frente a perfiles considerados más seguros. La portavoz Mertxe Aizpurua afirmó: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. Este mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga. EH Bildu impulsó la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se cerró tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales. Desde Sumar, Lara Hernández celebró la medida, aunque reclamó congelar los precios del alquiler. El grupo señaló que más de 600.000 contratos vencerán en 2026.