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Una mujer perdió su pensión por incapacidad permanente absoluta después de que la Justicia concluyera que simuló durante años una incapacidad para hablar.
El caso, que se desarrolló en Andalucía, terminó con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avaló las pruebas obtenidas por un detective privado y abrió la puerta a una posible investigación penal por fraude a la Seguridad Social.
La historia comenzó en 2003, cuando la entonces cajera de un supermercado sufrió una agresión por parte de una clienta. Según los informes médicos de la época, el episodio derivó en un cuadro psicótico y en una supuesta pérdida del habla.
Años después, en 2009, obtuvo el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta que le permitió acceder a una pensión vitalicia, al considerarse que el origen del problema había sido un accidente laboral.
Durante más de una década percibió la prestación sin mayores cuestionamientos. Sin embargo, las dudas surgieron cuando especialistas vinculados a la mutua responsable del pago detectaron inconsistencias entre el comportamiento observado y los síntomas que presentaba oficialmente.
¿Cómo descubrieron que la mujer podía hablar con normalidad?
Las sospechas llevaron a la mutua a contratar a un detective privado para verificar la situación. La investigación incluyó seguimientos y observaciones de su vida cotidiana, donde se constató que mantenía conversaciones habituales con familiares, vecinos y otras personas de su entorno.
El momento clave llegó cuando el investigador se acercó a la mujer en la vía pública y le realizó una consulta sencilla para pedir indicaciones.
Le preguntó cómo llegar a unos grandes almacenes cercanos y ella respondió de forma espontánea y verbal, sin mostrar dificultades para comunicarse.
Además de ese episodio, el informe recogió otras situaciones en las que hablaba con normalidad, utilizaba el teléfono móvil, realizaba compras y participaba en actividades sociales. Según trascendió, también asistía a clases de zumba y desarrollaba una vida cotidiana incompatible con el cuadro de mutismo que justificaba la prestación.
¿Qué consecuencias puede enfrentar tras la sentencia?
La resolución judicial confirmó que no existían elementos que sostuvieran la incapacidad que había dado origen a la pensión. Los magistrados consideraron acreditada una simulación del denominado pseudomutismo o, como mínimo, una evolución tan favorable que había desaparecido la sintomatología que justificaba la prestación.
Como consecuencia inmediata, la mujer perdió el derecho a seguir cobrando la pensión por incapacidad permanente absoluta. Además, fue condenada al pago de las costas derivadas del procedimiento por su actuación procesal, una sanción económica que puede oscilar entre cientos y varios miles de euros según las circunstancias del caso.
La sentencia también remitió los antecedentes a la Fiscalía para que analice si existió un delito contra la Seguridad Social. De prosperar esa vía, la afectada podría afrontar no solo la devolución de las cantidades percibidas de forma indebida durante años, sino también eventuales responsabilidades penales por fraude.
El caso se convirtió en uno de los ejemplos más llamativos de los últimos años sobre el uso de investigaciones privadas para detectar irregularidades en el cobro de prestaciones públicas.
