El Gobierno de Pedro Sánchez avanza con una medida que impactará de lleno en el consumo cotidiano: bares y restaurantes deberán cobrar un importe adicional por cada botella o lata vendida. La iniciativa introduce en España el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un esquema que ya funciona en países como Portugal. El mecanismo establece un recargo cercano a los 10 céntimos por envase, monto que el consumidor podrá recuperar al devolver la botella o lata en puntos habilitados. El objetivo oficial apunta a modificar hábitos de consumo a través de un incentivo económico directo. Quien devuelve el envase recibe su dinero, lo que promueve una mayor tasa de reciclaje y reduce la dispersión de residuos en calles, parques y playas. Actualmente, el país se encuentra por debajo de los estándares exigidos por la Unión Europea, con niveles de recogida que no alcanzan las metas fijadas. El SDDR implicará cambios tanto para consumidores como para comercios. Supermercados y tiendas deberán adaptarse como puntos de retorno, incorporando máquinas automáticas que permitan devolver envases de manera rápida y sencilla. En paralelo, bares y restaurantes tendrán la obligación de incluir el recargo en la cuenta final. Además, los establecimientos gastronómicos deberán ofrecer alternativas claras para la devolución, ya sea aceptando los envases o indicando dónde hacerlo. El sistema busca cerrar el circuito completo: compra, consumo, devolución y reciclaje. Este modelo ya demostró resultados positivos en otros países europeos, donde las tasas de recuperación superan el 90%. En ese contexto, el gobierno español apuesta a replicar ese éxito mediante una política que combina regulación e incentivos económicos. A pesar de sus beneficios potenciales, la medida presenta obstáculos. Uno de los principales desafíos será la adaptación de infraestructuras, especialmente en lo que respecta a la instalación de máquinas y la logística de recolección. También surge el interrogante sobre quién asumirá los costos asociados al sistema. El sector gastronómico expresó dudas sobre el impacto operativo de la medida, en particular en locales pequeños que podrían enfrentar mayores dificultades para cumplir con los requisitos. La necesidad de unificar criterios y garantizar una implementación eficiente también aparece como un punto crítico. El calendario oficial establece noviembre de 2026 como fecha límite para que el sistema esté plenamente operativo en todo el territorio. A partir de entonces, cada consumidor deberá pagar el depósito al comprar bebidas y recuperarlo al devolver los envases, en un intento por consolidar un modelo de economía circular más efectivo.