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El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que propone una reducción del número de alumnos por aula y del horario lectivo de los docentes.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, explicó que la medida busca “mejorar la calidad” del sistema educativo y aliviar la carga de trabajo de los profesores.
A partir del próximo curso, los maestros de Primaria tendrán un máximo de 23 horas lectivas semanales y los de Secundaria, 18.
El texto, que recibió el respaldo de los sindicatos docentes, establece también que los alumnos con necesidades educativas especiales computarán como dos plazas, lo que permitirá una atención más personalizada.
El anteproyecto deberá regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y, según el Ejecutivo, podría comenzar a debatirse en las Cortes Generales entre enero y febrero, con la expectativa de contar con un apoyo parlamentario amplio.
¿Cómo se aplicará la reducción de las ratios y los horarios?
La propuesta contempla una disminución progresiva del número de estudiantes por aula. En Educación Primaria habrá un máximo de 22 alumnos y en Secundaria de 25.
El calendario de implementación prevé que las nuevas ratios se apliquen primero en infantil y primaria en el curso 2027/2028, luego en secundaria en 2028/2029 y, finalmente, en bachillerato en 2029/2030, alcanzando su plena vigencia en el ciclo 2031/2032.
Respecto a la carga horaria, el anteproyecto fija 23 horas semanales para infantil, primaria y Educación Especial, y 18 horas para el resto de las enseñanzas.
De forma excepcional, por razones organizativas, los docentes podrán llegar a 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo adicional. Alegría recordó que muchas comunidades ya aplicaban estos límites desde 2019, aunque ahora la medida será obligatoria.
¿Qué impacto tendrá en los centros educativos más vulnerables?
El Gobierno anunció además la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica para detectar los centros que enfrentan mayores dificultades por el tipo de alumnado o por su localización.
Este indicador permitirá diseñar políticas de apoyo específicas para reducir la desigualdad educativa y mejorar la atención a los estudiantes en contextos complejos.
Pilar Alegría subrayó que el espíritu del anteproyecto está centrado en “cuidar a quienes enseñan”. Según sus palabras, el Gobierno busca consolidar un compromiso con los docentes, considerados un pilar esencial para el desarrollo del país.
Con esta reforma, el Ejecutivo aspira a fortalecer la educación pública y ofrecer condiciones laborales más justas para el profesorado español.
