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El nuevo proyecto de Ley de la Función Pública, impulsado por el oficialismo, propone modificar el régimen disciplinario para los trabajadores del Estado. La novedad más polémica radica en la ampliación del castigo por faltas leves: llegar tarde podría costar hasta un mes de suspensión sin salario.
El Ejecutivo busca reforzar la disciplina dentro de la administración pública mediante un paquete de reformas que también incluye la jubilación parcial y la modernización de procesos. Sin embargo, la propuesta de sancionar con mayor dureza las demoras y otras conductas menores generó debate entre especialistas, sindicatos y empleados del sector.
¿Qué conductas se sancionarán bajo el nuevo régimen?
El proyecto establece una lista ampliada de infracciones consideradas leves, entre las que se incluyen el incumplimiento injustificado del horario, la falta de asistencia por un día sin causa justificada y el descuido en el cumplimiento de funciones.
La reincidencia en cualquiera de estas faltas habilitaría la aplicación de sanciones que van de uno a treinta días de suspensión sin goce de haberes.
Además, el nuevo texto legal introduce una definición más estricta de reincidencia. Se considerará que un trabajador incurre en esta conducta si comete más de una falta de la misma naturaleza en un período de doce meses. Esta disposición busca cerrar posibles vacíos legales que, hasta ahora, dificultaban la aplicación de castigos más severos.
¿A quiénes impactará esta reforma y qué consecuencias podría tener?
La medida afectará a todos los trabajadores del sector público español que incumplan reiteradamente sus responsabilidades horarias o laborales. Aunque el Gobierno argumenta que el objetivo es fortalecer la eficiencia y la responsabilidad dentro del Estado, algunos sectores sindicales advierten sobre un posible uso excesivo de estas herramientas punitivas.
Distintas voces dentro de la administración pública alertan sobre el impacto que esta normativa podría tener en el clima laboral. Temen que el énfasis en la penalización desplace la atención de problemas estructurales como la sobrecarga de tareas, la falta de recursos y los bajos salarios, factores que también influyen en el desempeño de los empleados públicos.
