El Gobierno actualiza los parámetros de tamaño empresarial para mejorar la sostenibilidad
Las empresas deberán informar sobre el impacto "en toda la cadena de valor a corto y largo plazo", con el objetivo último de "estandarizar" cómo se da la información.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad que modifica el Código de Comercio, la ley de Sociedades de Capital y la de Auditoría de Cuentas, así como un anteproyecto que cambia los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información corporativa.
Según ha explicado en rueda de prensa el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se da así cumplimiento a la transposición de dos directivas europeas, que entrarán en vigor de forma escalonada para facilitar la adaptación de las empresas a la nueva normativa.
En cuanto a la modificación de los umbrales del tamaño de las empresas para la simplificación de sus obligaciones contables, reducirá las cargas administrativas de las empresas, ya que el aumento de los umbrales de tamaño reducirá el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de los estados financieros.
Esto permitirá simplificar las obligaciones contables para las empresas, ya que algunas de las que ahora son consideradas grandes pasarán a ser medianas, con lo que podrán elaborar modelos abreviados o acogerse al plan general de contabilidad de pymes.
En cuanto a la información sobre Sostenibilidad, el ministro ha explicado que de lo que se trata es de conocer el impacto de las empresas en estas materias, y cómo la evolución de los factores medioambientales va a afectar al negocio.
De este modo, las empresas deben informar sobre el impacto "en toda la cadena de valor a corto y largo plazo", con el objetivo último de "estandarizar" cómo se da la información.
Como es lógico, es preciso verificar la información disponible por parte de las empresas, una labor que podrá desarrollar tanto una entidad independiente como un auditor, que puede ser "el mismo que audita las cuentas de la empresa".
Será ese el encargado de verificar que los datos facilitados sobre cuestiones como la sostenibilidad, lo que aumentará "la calidad y relevancia de la información".
Para ello, se modifica la ley de Auditoría de Cuentas y el Registro de Auditores pasa a denominarse Registro Oficial de Auditores de Cuentas y de Verificadores de Información sobre Sostenibilidad.
De este modo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se encargará de la supervisión de esta actividad de verificación de la información sobre sostenibilidad, en términos análogos a la auditoría de cuentas.
En ningún caso, ha señalado Cuerpo, se pretende que estas obligaciones representen "una carga para las empresas", de ahí que se haya formulado su puesta en marcha "con flexibilidad".
La obligación de información afecta a todas las empresas grandes cuando el activo supere los 25 millones de eros y el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 50 millones; en este grupo se distinguen dos categorías, una de ellas la de empresas grandes de interés público y entidades dominantes de grupos de interés público, de más de 500 trabajadores en ambos casos, que están obligadas desde el 1 enero de 2024.
La segunda categoría es la de empresas grandes y entidades dominantes de grupos grandes, que estarán obligadas a facilitar esta información desde el 1 de enero de 2025.
Aparte, las pequeñas y medianas empresas cotizadas, con la excepción de microempresas y de pymes que coticen en mercados alternativos; aseguradoras cautivas que sean grandes, y entidades de crédito definidas como pequeñas y no complejas, a todas las cuales les afecta a partir de enero de 2026.
En un comunicado, Economía aclara que tanto las filiales como las sucursales españolas de empresas de terceros países que tengan un volumen de negocio en el territorio de la UE superior a 150 millones de euros deberán presentar esta información a partir del 1 de enero de 2028.
A las pymes, "aunque no están obligadas, se les aconseja que provean de forma voluntaria esta información para ajustarse a la normativa europea"; lo que se hace es actualizar los umbrales para considerar a una empresa pequeña, mediana o grande, que se suben un 25% para ajustarse a la inflación, de modo que "algunas serán medianas en vez de grandes", ha aclarado el titular de Economía.
Fuente: EFE
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