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A partir de agosto, la oferta de alquileres turísticos en España podría reducirse drásticamente. Airbnb ha anunciado que eliminará los anuncios que no cumplan con la nueva normativa del Gobierno, que obliga a los propietarios a contar con un número de registro oficial.
El impacto será significativo: hasta nueve de cada 10 alojamientos podrían desaparecer de la plataforma en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
Esta medida forma parte del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Vivienda y la plataforma, que busca reducir la informalidad, mejorar el control fiscal y garantizar un desarrollo ordenado del alquiler turístico.
El nuevo marco legal ya está en vigor desde julio, pero será en agosto cuando comiencen las sanciones para los anuncios que no estén correctamente registrados.
Airbnb y el Gobierno español: acuerdo para aplicar la ley
El pasado 2 de julio entró en vigor el Registro de Viviendas de Uso Turístico a nivel nacional, una herramienta que obliga a propietarios y plataformas a identificar cada alojamiento con un código único.
El objetivo es combatir el alquiler ilegal y facilitar el cobro de impuestos. En este contexto, Airbnb ha informado que retirará todos los anuncios que no incluyan un número de registro válido antes de agosto.
Según datos del Observatorio Lodgify, solo el 13% de los anuncios activos en España contaban con ese código a principios de julio (fuente). Esto implica que hasta un 87% de los alojamientos podrían ser eliminados de la plataforma si no regularizan su situación. Ciudades como Sevilla, Málaga o Bilbao también verán una fuerte caída en su inventario turístico.
¿Qué exige la normativa y cómo afecta a los propietarios?
La nueva legislación exige que todo alojamiento turístico disponga de un número de registro autonómico o nacional, visible en la publicación y en la vivienda.
Además, los propietarios deben informar a Hacienda sobre su actividad y pagar los impuestos correspondientes. La ley también establece sanciones económicas para quienes incumplan, tanto propietarios como plataformas.
Para muchos anfitriones, el proceso de registro ha sido lento o confuso. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña o Canarias, ya tenían normativas similares, pero ahora se exige una coordinación nacional.
Según el Ministerio de Vivienda, el objetivo no es perseguir al pequeño propietario, sino garantizar "una competencia justa y un marco fiscal equilibrado".
¿Qué ciudades serán las más afectadas?
Las regiones con mayor densidad de alojamientos turísticos ilegales serán las más impactadas. En Madrid, solo un 12% de los anuncios están registrados correctamente, mientras que en Barcelona la cifra apenas alcanza el 15%. En zonas costeras como la Costa del Sol o las Islas Baleares, donde el turismo internacional es masivo, el porcentaje de regularización también es bajo.
Desde el sector hotelero celebran la medida, que consideran necesaria para equilibrar el mercado. En cambio, algunos pequeños anfitriones advierten que la eliminación de anuncios podría afectar negativamente al turismo accesible.
No obstante, desde el Gobierno insisten en que la intención es ordenar la oferta y proteger al consumidor, además de evitar la evasión fiscal.
