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Aceite de colza adulterado: el escándalo que provocó miles de muertos y tiene repercusiones hasta nuestros días

En la primavera de 1981, miles de personas terminaron enfermas por culpa de aceite adulterado. Cómo fue el caso que sacudió el sistema sanitario español y aún afecta a sus víctimas.

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La reciente pandemia de COVID-19 fue una de las crisis de salud más importantes que se vivió a nivel mundial. Si bien se tomaron medidas para evitar más afectados, este virus dejó un saldo de millones de muertos, con secuelas que siguen hasta estos días.

Esta no es la única vez que España vivió una situación alarmante. En la década del 80 el sistema sanitario debió afrontar las consecuencias de una mezcla que utilizaba aceite de colza no apto para el consumo humano

El saldo fue catastrófico: según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), 5000 personas murieron y alrededor de 20.000 quedaron con secuelas por el uso este producto.

Y, si bien ya pasaron más de 40 años, aún hay quienes siguen viviendo las consecuencias de este suceso que conmocionó al país.

Los primeros casos

Personas devolviendo el aceite adulterado por iniciativa del Gobierno (Fuente: EFE) 

En la primavera de 1981, en la localidad de Torrejón de Ardoz, se empezaron a detectar casos de una enfermedad. Los afectados eran niños y jóvenes, especialmente de barrios humildes de Madrid.

Presentaban síntomas respiratorios, como una forma inusual de neumonía, y reportaban malestares tales como dolores de pecho y cabeza, falta de apetito y sudoración excesiva. Otras formas con la que se manifestaba esta afección era la aparición de problemas cutáneos, fatiga crónica, fibromialgia, dolor persistente y deformidades en las articulaciones.

En un primer momento, se cree que se trata de casos de legionelosis, una neumonía causada por la bacteria legionella. Sin embargo, el hecho de que había familias enteras que estaban sufriendo los mismos síntomas podría sugerir otra cosa.

En cuestión de semanas, los casos comenzaron a aumentar, primero en Madrid y luego en el resto del país, saturando por completo el sistema de salud y desatando la histeria colectiva.

Pesticidas en los cultivos, una enfermedad de origen aviar o incluso micoplasmas que caían desde el cielo eran algunas de las teorías que se barajaban. La Embajada de los Estados Unidos incluso debió desmentir sobre la existencia de armas bacteriológicas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Desde el Ministerio de Sanidad tampoco había una idea clara de lo que estaba aconteciendo. El ministro de ese entonces Jesús Sancho Rof llegó a declarar a TVE que esta "neumonía" era causada por un "bichito" tan pequeño que "si se cae de la mesa, se mata·

El descubrimiento de las causas

El 10 de junio de 1981, la Dirección General de Salud Pública distribuyó un comunicado a los medios de comunicación revelando que una investigación epidemiológica había establecido un vínculo entre una enfermedad emergente y la distribución domiciliaria de aceite a granel, sin identificación de marca ni supervisión sanitaria alguna.

La problemática no se limitaba al aceite vendido a granel; el Ministerio de Economía también señaló a varias marcas de aceite embotellado como peligrosas para el consumo.

Según se reportó, el aceite provenía de una mezcla ilegal de aceites comestibles y otras sustancias no autorizadas por la normativa existente, como aceite de colza desnaturalizado. Esta es una versión modificada, la cual se trata químicamente para diferenciarla del aceite comestible y prevenir su uso en la alimentación

Cientos de miles de litros de aceite de oliva adulterado (Fuente: EFE)

En ese entonces, salvo en Canarias, la importación de aceite de colza apto para el consumo estaba restringida en España. Se requería una licencia especial para su importación desde Canadá y el norte de Europa.

La investigación reveló que las empresas RAPSA y Raelsa estaban detrás de la operación ilegal que importó este aceite modificado de Francia y, tras someterlo a un proceso químico peligroso, lo mezcló con aceites comestibles y lo vendió a granel como si fuera aceite de oliva o girasol, sin ningún control de calidad.

Las consecuencias

Una de las protestas que reclamaban la responsabilidad del Gobierno en el escándalo (Fuente: EFE)

La justicia procesó a 38 empresarios del colectivo aceitero, incluyendo dos directivos de RAPSA y Raelsa que recibieron condenas de 20 y 12 años de cárcel, respectivamente.

Aquellas familias afectadas recibieron una suma de dinero que, si bien servía como compensación, no ayudaron a revertir lo que se terminó por conocer como "enfermedad del aceite tóxico de colza". En una entrevista de 1989, varios de los afectados hablaron con El País sobre las secuelas de la intoxicación.

Caridad Carretero, una ex empleada de limpieza, habló de la asfixia que sentía con solo subir una escalera, además de los calambres que sufría su hijo. "Todavía no entiendo cómo han sido seres humanos quienes nos han hecho esto", indicaba.

"Los procesados son criminales, pero la culpa la tiene el Gobierno. Quiero que paguen lo que han hecho", decía José Nuñez, otro de los afectados por el aceite adulterado.

Hasta el día de hoy, quienes padecieron de esta enfermedad y sus familiares siguen reclamando acciones de parte del Estado, de quien sienten que nunca hubo un apoyo real.

En 2021, un grupo de seis afectados irrumpió en el Museo del Prado, específicamente en la sala donde se exhibe el cuadro Las Meninas de Velázquez, sala 12, para llevar a cabo una manifestación.

"Queremos la reparación moral y un homenaje de dignidad y respeto como acto de Estado, que se tenían que haber hecho igual que se hace con todas las víctimas", indicó Carmen Cortés, una de las afectadas, entrevistada por BBC Mundo.

Cortés, quien coordina la Plataforma Síndrome Tóxico "Seguimos viviendo", aseguraba la importancia de que este caso no sea olvidado, ni por el Gobierno ni por la sociedad. "Estamos malviviendo" aseguraba en ese entonces.

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