Los trabajadores del Hospital Garrahan ratificaron el paro de 24 horas para este miércoles 25 de junio, en rechazo a las políticas del Gobierno nacional. La medida, que comenzará a las 7 de la mañana, se enmarca en un conflicto que ya lleva semanas y que escaló tras declaraciones del presidente Javier Milei sobre los salarios del personal.

Lipcovich también criticó el nombramiento de Jorge Menehem, consejero del hospital, quien pasó de trabajar ad honorem a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos, según denunció. "Mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el funcionario nombrado a dedo por el Gobierno ahora cobra un sueldo millonario. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública", sostuvo.

El reclamo central sigue siendo un salario inicial de $1.800.000, que los trabajadores consideran "equivalente a la defensa del hospital". "Exigimos que cesen las maniobras dilatorias y se concrete una propuesta concreta por parte del Gobierno y las autoridades", afirmó Oroz.

El conflicto tiene un fuerte respaldo social. Según una encuesta de Pulso Research difundida esta semana, el 63,9% de los argentinos considera que los reclamos son "genuinos", mientras que solo el 23,7% los atribuye a una estrategia política contra el Gobierno. Estos números contrastan con la postura oficial, que insiste en vincular las protestas con una campaña de desestabilización.

La tensión en el Garrahan se agravó en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara un aumento salarial que llevó los sueldos a $1.300.000 desde julio, una cifra que los residentes rechazaron por considerarla "insuficiente". Además, denunciaron que se trata de un bono no remunerativo, sin garantías de continuidad.

A esto se sumó la implementación de un sistema de control biométrico de presencia, que generó malestar entre el personal.

El paro de este miércoles no es el primero en el Garrahan. A principios de junio, los residentes levantaron una medida de fuerza tras una conciliación obligatoria, pero ATE mantuvo su protesta, señalando que el problema de fondo no se resolvió.