En esta noticia

Primero fue una columna en un matutino porteño, luego un comunicado de La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) . En la provincia Buenos Aires, una nueva declaración jurada mensual para empleadores abrió un frente de conflicto entre el Gobierno de Axel Kicillof y las entidades empresarias, que advierten sobre la duplicación de información y el costo de los trámites.

La controversia gira en torno a F.U.T.U.R.O., el formulario que creó el Ministerio de Trabajo bonaerense para reunir información sobre salarios, jornadas y documentación laboral. La CAC pidió que se suspenda su obligatoriedad, mientras que la cartera que conduce Walter Correa sostiene que la herramienta permitirá fortalecer los controles y proteger los derechos de los trabajadores.

La resolución fue firmada el 4 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial provincial el 6 de noviembre. La presentación podrá realizarse de manera voluntaria desde diciembre y será obligatoria a partir del período enero de 2027.

La cartera que conduce Walter Correa sostiene que la herramienta permitirá fortalecer los controles y proteger los derechos de los trabajadores.Fuente: archivo El Cronista

Qué cambia con la resolución 260/2026 de Buenos Aires

La Resolución 260/2026 establece la implementación del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.) en todo el territorio bonaerense. La obligación alcanza a los empleadores que tengan domicilio legal o fiscal en la provincia, exploten establecimientos allí o tengan trabajadores bajo su dependencia en ese ámbito.

El formulario tendrá carácter de declaración jurada, se presentará de manera electrónica y deberá estar firmado digitalmente. La carga será mensual y por períodos vencidos, con plazo hasta el último día hábil del mes siguiente al liquidado.

Entre los datos que deberán informar las empresas figuran el período de liquidación, el monto total de los salarios abonados —con detalle de conceptos remunerativos, no remunerativos y netos— y el método utilizado para controlar la jornada laboral.

Además, tendrán que adjuntar los recibos de haberes de todo el personal alcanzado y los comprobantes de acreditación del pago en cuenta sueldo. La resolución también exige incorporar, cuando corresponda, acuerdos sobre jornada, compensación de horas extra, banco de horas o descansos compensatorios.

La documentación deberá presentarse en archivos PDF separados por concepto: uno con los recibos de sueldo, otro con los comprobantes bancarios y un tercero con los acuerdos laborales, si los hubiera.

La CAC cuestiona la nueva obligación laboral y pide suspenderla

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios objetó la resolución por considerar que agrega exigencias administrativas que ya se cumplen ante organismos nacionales. En su comunicado, la entidad calificó la normativa como “innecesaria, extemporánea y perjudicial para el crecimiento de la actividad y la generación de empleo formal”.

El planteo se apoya en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley de Modernización Laboral 27.802. El texto establece: “Esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”.

Para la CAC, la presentación mensual de F.U.T.U.R.O. contradice ese principio y duplica información que ya se registra ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La entidad sostiene que el nuevo trámite incrementa los costos operativos, genera contingencias sancionatorias y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

La cámara también advirtió que la medida puede perjudicar la competitividad, desalentar inversiones y obstaculizar la contratación formal. Por ese motivo, pidió a las autoridades bonaerenses que reconsideren la resolución y suspendan la obligatoriedad del formulario.

Qué argumenta el Ministerio de Trabajo de Kicillof

La posición oficial fue difundida por el Ministerio de Trabajo bonaerense el 16 de noviembre, antes de que la CAC publicara su comunicado. La cartera presentó F.U.T.U.R.O. como una herramienta para “sistematizar información laboral, fortalecer las tareas de fiscalización de los establecimientos y las relaciones de trabajo, y agilizar las presentaciones de los empleadores”.

En esa comunicación, el ministro Walter Correa vinculó la medida con las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. “F.U.T.U.R.O. es una clara respuesta de la Provincia al artículo 20 de la denominada Ley de Modernización Laboral, que cercena facultades constitucionales provinciales y amenaza nuestro poder de policía en materia inspectiva”, afirmó.

“No vamos a permitir que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a Buenos Aires”, agregó Correa. Según el funcionario, el formulario permitirá fortalecer la fiscalización y proteger los derechos de los trabajadores.

El Ministerio sostiene que la información reunida facilitará la detección de posibles incumplimientos, como pagos parciales o fuera de término, falta de descansos mínimos, omisión de conceptos remunerativos o subdeclaración salarial. También permitirá estandarizar los datos antes de las inspecciones presenciales, mejorar la planificación de los controles y elaborar estadísticas laborales.

La Provincia afirma que cuenta con facultades para ejercer el poder de policía laboral. En los fundamentos de la resolución, cita el artículo 39 de la Constitución bonaerense y la Ley 10.149, que habilita a los inspectores a ingresar en los establecimientos, requerir información y exigir documentación respaldatoria.

La resolución de Kicillof prevé sanciones por incumplimientos

El anexo de la Resolución 260/2026 establece que la falta de presentación en tiempo y forma, la falsedad de los datos o la comprobación de incumplimientos laborales habilitarán la aplicación de sanciones previstas en la normativa provincial.

El texto aclara que las presentaciones fuera de término serán admitidas, aunque podrán derivar en penalidades. También obliga a los empleadores a conservar durante al menos dos años las declaraciones juradas, sus constancias de recepción y la documentación respaldatoria.

La norma establece que la nueva obligación no reemplaza las intimaciones que la autoridad laboral pueda realizar en cada establecimiento o a través del domicilio electrónico constituido.