El Gobierno de Javier Milei modificó el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) con el objetivo de facilitar la importación de insumos destinados a la fabricación local.
Lo hizo a través del Decreto 252/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La medida, que anteriormente se aplicaba solo a la industria automotriz, se extiende ahora a todas las cadenas de producción del país.
Este sistema permite que las empresas ingresen partes o componentes del exterior sin pagar derechos de importación ni impuestos asociados al momento del ingreso.
Además, el pago de estos tributos se realiza una vez terminada la fabricación si el bien se vende en el mercado interno, o se exceptúa si el producto final se exporta.
El Gobierno amplía el Régimen de Aduana en Factoría: qué cambia
Según el texto del decreto, la modificación busca “simplificar, modernizar y ampliar el acceso al régimen aduanero y promover así la incorporación de valor agregado local a los insumos importados”.
El texto oficial señala también que el marco normativo previo, con dos décadas de antigüedad, contenía “obstáculos significativos que limitaban su eficacia para fomentar la producción y las exportaciones”.
La medida se enmarca en la “crítica coyuntura económica y productiva que atraviesa el que atraviesa el sector industrial, sumada a la urgente necesidad de contar con instrumentos eficaces que permitan mejorar rápidamente la competitividad económica, crear empleo formal y de calidad y aumentar la producción y las exportaciones”.
Entre los cambios técnicos, se eliminó la obligación de presentar una garantía global única, permitiendo el uso de cualquier opción prevista en el Código Aduanero.
Esta exigencia “representaba una carga financiera que actuaba como una barrera de acceso para los operadores”.
Asimismo, se suprimió el requisito de firmar actas-convenio con cámaras sectoriales para ingresar al régimen.
La reforma establece un plazo de un año para efectivizar los pagos de los productos vendidos en el mercado local.
De acuerdo con la agencia NA, la medida apunta a dar “mayor competitividad exportadora a la industria, al eliminar tributos que encarecen el producto final exportado” y mejorar el capital de trabajo de las empresas.