El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, cuestionó este miércoles al Gobierno nacional y el más apuntado en sus palabras fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, al que reprobó por no propiciar el diálogo entre poderes.
El magistrado santafesino, que presidió el máximo tribunal de justicia entre 2007 y 2018, aseguró que "no hay ninguna propuesta concreta de gestión" desde el Ejecutivo nacional, ni desde el despacho que conduce el exdiputado nacional por Río Negro, quien llegó al gabinete nacional impulsado por el kirchnerismo por la salida de la exministra Marcela Losardo.
"Nosotros no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre", comenzó el juez en una entrevista con la señal de noticias LN+.
Lorenzetti agregó: "No tenemos ninguna propuesta del ministerio para tratar, de diálogo o modificaciones legislativas". Y repuso: "Siempre hemos tenido políticas de Estado del Poder Judicial que lidera la Corte y que son conocidas".
El juez supremo se refirió a la visita institucional que el ministro Soria realizó al máximo tribunal, en diciembre pasado, y se quejó porque desde entonces no ha existido "ninguna relación".
Continuando con sus críticas hacia la forma en la que se maneja el Gobierno, expresó: "Ahora uno de los temas centrales va a ser vinculado a la selección de jueces y a la administración porque la Corte está a cargo del Consejo de la Magistratura mientras que el Congreso no decida otra cosa".
Puntualizando sobre Soria, dijo: "No hemos tenido más que una visita, que fue pública. Después no hemos tenido ninguna relación".
En los próximos días, la Corte debe fallar en una disputa impulsada por el gobierno porteño, que pide la inconstitucionalidad de la ley sancionada por el Congreso en diciembre de 2020 para fijar otro mecanismo distinto a la coparticipación federal de impuestos para fondear el traspaso de las competencais de seguridad a la órbita capitalina.
En la Casa Rosada como en varias provincias aliadas intuyen que los magistrados podrían emitir una resolución desfavorable.