En esta noticia
“La victoria tiene un centenar de padres, pero la derrota es huérfana”, decía John F. Kennedy. La frase reapareció, con matices, en el debate abierto tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que benefició a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. Mientras el Gobierno celebró el resultado como propio, desde distintos sectores se reavivó una discusión de fondo: cuánto de este desenlace responde a una política de Estado sostenida en el tiempo y cuánto a las condiciones más recientes.
En ese marco, el exprocurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ofreció una mirada que buscó equilibrar ambos planos. En diálogo con Radio con Vos, sostuvo que la defensa argentina se apoyó en una línea jurídica constante, aunque no descartó que el contexto actual haya tenido algún tipo de incidencia indirecta.
Una estrategia jurídica que no cambió
Barra fue enfático al describir la continuidad de la postura legal del Estado. “En realidad ha sido la postura permanente de la Procuración del Tesoro”, señaló, y remarcó que los argumentos utilizados en la apelación “reiteran lo que ya el Estado argentino venía sosteniendo desde el inicio”.
Según explicó, el eje central de la defensa se apoyó en la potestad soberana del Estado para expropiar y en la primacía del derecho público local sobre el estatuto de la compañía. “La expropiación de las acciones mayoritarias de YPF se hizo de acuerdo al derecho público argentino”, afirmó.
En la misma línea, al ser consultado sobre posibles cambios tras la asunción del actual gobierno, respondió: “Desde el punto de vista procesal, jurídico, no. Siempre Argentina mantuvo una posición constante”.
El exfuncionario también destacó el rol técnico de la Procuración y de los estudios jurídicos internacionales contratados por el Estado, al señalar que se trató de “un centro de excelencia jurídica” y que “han hecho un muy buen trabajo”.
El debate político: ¿puede atribuirse el triunfo?
La discusión pública se intensificó a partir de las declaraciones oficiales que vincularon el resultado con la relación bilateral con Estados Unidos. Sobre ese punto, Barra fue cauteloso: “Yo no creo que esto sea así. Me parece que la justicia americana es muy independiente”.
Sin embargo, evitó una negación absoluta sobre cualquier influencia del contexto político. “Seguramente este gobierno ha influido generando un clima que muestra a la Argentina como un país serio”, planteó, y agregó que ese tipo de percepciones “los jueces lo tienen en cuenta”.
En ese sentido, introdujo una hipótesis contrafáctica para ilustrar su punto: “Si estuviéramos en una situación de anarquía con una inflación del 300% mensual, ese contexto podría haber incidido sobre la opinión de los jueces”. Y reforzó: “Los jueces no viven en campanas aisladas”.
La postura combina así dos planos: por un lado, la continuidad de la estrategia jurídica; por otro, la posibilidad de que el entorno institucional y económico influya en la percepción de los tribunales, sin determinar por sí mismo el fallo.
Declaraciones políticas y proceso judicial
Otro de los ejes abordados en la entrevista fue el impacto de las declaraciones públicas de funcionarios. Barra relativizó ese aspecto al afirmar que “las declaraciones políticas son políticas, y así son siempre tomadas en la justicia”.
Frente a cuestionamientos sobre expresiones previas del Presidente respecto del litigio atribuyó sus declaraciones a que existía “mucho miedo” sobre el resultado, negando que las criticas del mandatario a Axel Kicillof, lamentándose, ante fallos adversos de instancias inferiores, por los costos para el país, jugara a favor de los fondos buitres. “Por eso fue una muy buena , sorpresa esta decisión de la Cámara”, indicó.
También descartó que la afinidad entre gobiernos pudiera condicionar a los tribunales: “No es Trump el juez en el caso, sino la justicia normal, en este caso la justicia de Nueva York”.
Cómo operan los fondos litigantes
Consultado sobre el accionar de los fondos que impulsaron la demanda, Barra explicó que se trata de una práctica habitual en los mercados financieros. “Estos fondos compran derechos litigiosos muy baratos y se lanzan a la lucha”, señaló.
Respecto del fallo de primera instancia que había condenado al país a pagar una suma millonaria, lo calificó como “una decisión inesperada” y cuestionó el monto: “Es una cifra espantosa... es absurdo”.
No obstante, evitó atribuir irregularidades al proceso y defendió el sistema judicial: “Las decisiones judiciales son las que son. Para eso está todo el sistema de revisión”.