La decisión del Tribunal de Enjuiciamento de suspender al fiscal Carlos Campagnoli sigue generando controversias que abarcan al Ministerio Público, y a los poderes Judicial y Legislativo. Por un lado, desde la Procuración General analizan una nueva denuncia en su contra; por otro, en su entorno, estudian la posibilidad de pedir un per saltum para recurrir a la Corte Suprema de Justicia; mientras que desde el Congreso llueven los pedidos opositores de juicio político para la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó.
La semana pasada Campagnoli fue sancionado por el Tribunal de Enjuiciamento, a raíz de una denuncia por mal desempeño de su jefa Gils Carbó, en el marco de una causa contra el empresario Lázaro Báez. Según la Procuradora, el fiscal de instrucción de Saavedra y Núñez no investigó un caso de administración fraudulenta contra el financista Federico Elaskar y convirtió el objeto procesal de ese expediente para avanzar con una pesquisa paralela a la que tramitaba en el fuero federal, a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, avasallando reglas básicas de competencia y divulgando información que debía permanecer reservada. El Tribunal confirmó ese pedido y suspendió a Campagnoli hasta que, en el lapso de 180 días hábiles, se determine si debe ser removido de su cargo. En su lugar, la Procuración designó a Claudia Katok y Cristina Caamaño como subrogante y ayudante, respectivamente.
No obstante, en la Procuración también analizan en detalle una denuncia presentada por el diputado del Frente para la Victoria Leonardo Grosso contra Campagnoli por abuso de autoridad en casos de violencia institucional ocurridos en el Barrio Mitre, de Saavedra. Fuentes cercanas a Gils Carbó aseguraron que se le dio traslado al tema y que el fiscal deberá responder ante la Procuración. De avanzar, la denuncia puede ser acumulativa a la del caso Báez y pasar por las mismas instancias, llegando hasta el Tribunal de Enjuiciamiento.
Mientras, la defensa de Campagnoli se reunirá hoy para decidir el martes qué vía judicial utilizará. El ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra, uno de los abogados que patrocinan al fiscal, le dijo a El Cronista que se están analizando todas las posibilidades. Respecto a la posibilidad de recurrir a un per saltum para que interceda la Corte, opinó que es viable debido a que se trata de un caso de extrema gravedad institucional y que el hecho de que sea una resolución surgida desde el Ministerio Público no impide que se judicialize el caso. En la Procuración consideran que la chance de que Campagnoli tenga éxito con el denominado salto de instancia, que aprobó el Congreso el año pasado, es de cero en un millón. Cerca de Campagnoli también barajan la variante de recurrir al fuero Contencioso Administrativo y evitar el salto directo a la Corte.
En tanto, la oposición del Congreso insiste en el juicio político a Gils Carbó, Procuradora desde agosto del año pasado. La diputada nacional del PRO Laura Alonso envió una carta al presidente de la cámara baja, Julián Domínguez, para que se constituya urgentemente la Comisión de juicio político para que trate los pedidos presentados contra Gils Carbó. Exigimos tratar los pedidos de juicio político por mal desempeño, señaló la legisladora macrista. Además, legisladores del bloque Unión-Pro, con Alonso como referente, presentarán hoy una denuncia penal por posible abuso de autoridad y prevaricato contra los integrantes del tribunal de Enjuiciamiento que aprobaron la suspensión al fiscal José María Campagnoli, quien investigaba a Báez.
