Este martes, el Gobierno envió al Congreso el prometido proyecto de “Súper RIGI”, la reedición del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado a mediados de 2024, ahora con el foco puesto en potenciar sectores estratégicos de la “nueva” economía poco o nada desarrollados.
La iniciativa apunta a sectores como la Inteligencia Artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. Se trata de un nuevo régimen de “incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa” para desarrollar estas industrias en el país.
Según el proyecto, el cual porta las firmas del presidente; Javier Milei, el ministro de Economía; Luis Caputo, y el jefe de Gabinete; Manuel Adorni, el denominado “Súper RIGI” tiene cuatro objetivos clave:
- “Garantizar la prosperidad del país;
- incrementar las exportaciones;
- generar empleo de calidad, y;
- consolidar un sendero de crecimiento sostenido“.
Se trata de la nueva apuesta de Milei para posicionar a la Argentina como un actor clave a nivel global en los sectores estratégicos de la nueva economía que gira en torno a la tecnología y la IA.
“La combinación de décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes inversiones ha generado un rezago estructural en el desarrollo de industrias de frontera, dejando a la Argentina al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos”, diagnostica la propuesta de ley.
En este sentido, la continuación del RIGI original, destinado a grandes inversiones -particularmente en minería, Oil & Gas y energía, entre otras- apuesta a “remover los obstáculos normativos, regulatorios y económicos” que el Gobierno considera que obstaculizan la inversión privada y el desarrollo de nuevos sectores “de vanguardia”.
Con el Súper RIGI, Milei busca convertir a la Argentina en “un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”. Punto por punto, las claves del proyecto que comenzará a tratar la Cámara de Diputados.
Súper RIGI: las 9 claves del nuevo régimen para incentivar inversiones
El proyecto enviado este martes desde Jefatura de Gabinete a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, tiene como objetivo crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, o “Súper RIGI”.
Su propósito es atraer inversiones de gran escala destinadas exclusivamente a actividades económicas que hoy no existen en Argentina o tienen desarrollo experimental, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología e infraestructura digital.
Desde la inversión mínima hasta los incentivos que ofrece, ya se conocen los detalles de la nueva apuesta de Milei para posicionar a la Argentina en el mapa global. Las 9 claves.
1. La inversión mínima necesaria para ingresar
Para calificar, cada proyecto debe comprometer una inversión mínima en activos computables de u$s 1000 millones. Además, al menos el 20% de ese monto debe ejecutarse dentro de los primeros dos años desde la fecha de adhesión.
Quedan excluidos los activos financieros, de portafolio y bienes de cambio. Los bienes inmuebles y derechos reales sobre ellos solo pueden computar hasta un máximo del 15% del monto mínimo.
Este umbral elevado apunta a proyectos transformadores de gran escala, descartando ampliaciones o reconversiones de instalaciones preexistentes.
2. El Vehículo de Proyecto Único (VPU)
De aprobarse la ley, los proyectos que apliquen al “Súper RIGI” deberán canalizarse obligatoriamente a través de un Vehículo de Proyecto Único, una entidad con objeto exclusivo y activos afectados únicamente al proyecto adherido.
Estos podrán constituirse como sociedades anónimas, unipersonales, SRL, sucursales de empresas extranjeras, uniones transitorias u otros contratos asociativos. Esta estructura -según el Gobierno- pretende garantizar la transparencia, trazabilidad y separación patrimonial del proceso.
Es que el VPU no podrá desarrollar otras actividades ni titularizar proyectos distintos. Sin embargo, la norma permite la fusión entre VPUs o la adquisición de proyectos ya adheridos para conformar un único proyecto bajo el régimen.
3. Los incentivos tributarios clave del “Súper RIGI”
Una de las claves del régimen, al igual que su predecesor, son los incentivos fiscales. En primer lugar, el proyecto establece que los VPU tributarán Impuesto a las Ganancias a una alícuota del 15%, muy por debajo de la tasa corporativa general.
Además, se prevé:
- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura;
- deducción de quebrantos sin límite temporal —transferibles a terceros tras cinco años— y actualización por IPC;
- los dividendos tributarán al 7% inicialmente y bajarán al 3,5% a partir del cuarto año de adhesión;
- el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios podrá computarse como crédito contra Ganancias.
4. Exenciones aduaneras y régimen de IVA
Por otro lado, las importaciones realizadas por los proyectos estarán exentas de:
- Derechos de importación;
- tasa de estadística;
- todo régimen de percepción o retención de tributos nacionales, provinciales y municipales.
Por su parte, las exportaciones de productos del proyecto también estarán exentas de derechos de exportación.
Finalmente, para el IVA el VPU podrá cancelar el impuesto facturado en inversiones mediante Certificados de Crédito Fiscal transferibles a proveedores o a ARCA.
5. Reducción de contribuciones patronales al 10%
En materia de seguridad social, el VPU adherido al Súper RIGI pagará una alícuota única del 10% en concepto de contribuciones patronales para todas las nuevas relaciones laborales iniciadas a partir de la fecha de adhesión.
Esta tasa es sustancialmente inferior a las cargas generales vigentes en Argentina. Sin embargo, cabe aclarar que quedará excluida de esta alícuota la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
6. Libre disponibilidad cambiaria progresiva
En otro punto clave, el régimen propuesto establece un esquema escalonado de liberación cambiaria sobre los cobros de exportación:
- 20% libre al año de la primera exportación;
- 40% al segundo año, y;
- 100% al tercer año.
7. Estabilidad normativa por 30 años
Por otro lado, el régimen garantiza estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria por 30 años desde la fecha de adhesión.
Esto significa que ninguna norma posterior podrá agravar la carga fiscal ni restringir los incentivos cambiarios otorgados, aunque, si surgieran condiciones más favorables en el régimen general, el VPU podrá optar por acogerse a ellas.
8. Garantías ante el Estado
El proyecto propone garantizar al VPU protección contra actos confiscatorios o expropiatorios, derecho a operación continuada sin interrupciones salvo orden judicial previa, y acceso irrestricto a la justicia.
9. Obligaciones para jurisdicciones provinciales y municipales adherentes
Finalmente, para que un proyecto radicado en una provincia acceda a los incentivos nacionales, esa jurisdicción deberá adherir expresamente al régimen, asumiendo compromisos concretos.
Esto implica que las provincias no podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,50%, ni impuesto de Sellos, ni regalías o cánones al VPU, entre otros puntos clave.