Llegar a un acuerdo razonable con los holdouts, como pidió ayer el presidente Mauricio Macri, será una tarea que demandará más tiempo del que los analistas financieros tienen anotado en sus previsiones. Para empezar, el ministro Alfonso Prat-Gay confirmó que el nuevo estudio de abogados que contratarán en en Estados Unidos tendrá la responsabilidad de conducir la negociación con los fondos buitre. Ese proceso será paralelo al primer contacto con los fondos y con el mediador designado por el juez Griesa. Aunque en esta ronda Cleary Gottlieb estará representado por uno de sus socios más prominentes, Lee Buchheit (responsable de la reestructuración de deuda griega), el Ejecutivo quiere sumar una firma que pueda darle una estrategia no comprometida con decisiones del pasado, incluida la información compartida con el kirchnerismo.
El Gobierno demuestra, con este cambio, que no está muy seguro de contar con toda la data que necesita para resolver el pleito. Las demandas que se agregaron a la sentencia original (los denominados me too) representan un pasivo aún indefinido. Precisar esa cifra y sumarlos a la negociación será otro factor que también alargará los plazos.
Acordar con los holdouts aún es considerado un requisito clave para emitir deuda en los mercados. Si este proceso se estira, la variable que se verá más afectada es la reducción del rojo fiscal, porque un menor financiamiento externo obligaría a profundizar el ajuste o a vivir más tiempo en déficit, factor que también altera la ecuación monetaria.