El oficialismo pateó una semana la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Hasta hace unos días, el Poder Ejecutivo daba por hecho que el presidente Alberto Fernández firmaría el decreto para poner el marcha el Congreso durante la "segunda quincena de enero".
La firma del decreto, decían, se produciría el 17 y habilitaría el período el 24 de enero. Pero en las últimas horas desde Casa Rosada dieron a conocer que el Poder Legislativo retomará la actividad a comienzos de febrero.
El temario sigue sin confirmarse pero siguen en la delantera la reforma el Consejo de la Magistratura y el aval del Consenso Fiscal 2022.
También se viene barajando la posibilidad de que la agenda de verano incluya el marco regulatorio para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial; la ley de electromovilidad para el mercado de los autos eléctricos -que sigue sin presentarse- y los regímenes de promoción para la industria hidrocarburífera, automotriz y agroindustrial. En tanto, se diluye la posibilidad de avanzar con el Plan Plurianual, que se trataría en paralelo con el acuerdo con el FMI.
El margen para que el Congreso se aboque a trabajar en los proyectos que establezca el Ejecutivo se acorta. Si finalmente el Presidente convoca a extraordinarias para el 1 de febrero, el Congreso tendrá apenas cuatro semanas para avanzar con una serie de iniciativas ambiciosas.
El temario tentativo incluye medidas que generan sospechas en la oposición e iniciativas que ni siquiera fueron presentadas en el Congreso.
Entre las prioridades que mencionó el Ejecutivo en las últimas horas se encuentra la reforma del Consejo de la Magistratura, nada menos que del cuerpo que designa y remueve jueces. Tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la reforma sancionada 15 años atrás, el Congreso tiene hasta mediados de abril para avanzar con una nueva reforma. De lo contrario, el organismo vuelve a la composición original. Pero además, quedará inhabilitado para firmar resoluciones.
En el Senado, Juntos por el Cambio desconfía de la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta. Mientras que en Diputados, la coalición opositora ya presentó más de un contraproyecto. Más allá de las diferencias entre oficialismo y oposición, ambas partes coinciden que el asunto debe saldarse a tiempo.
El Consenso Fiscal 2022, al que adhirieron todas las provincias salvo la CABA y que eleva los topes para las alícuotas de Ingresos Brutos y habilita la creación de un impuesto a la herencia, es otro de los textos que el oficialismo ubicó al tope de las prioridades para la agenda estival. A diferencia de la reforma del Consejo de la Magistratura, se prevé que esta iniciativa, a la que también adhirieron las provincias radicales, avance sin sobresaltos en el Congreso.
Lo mismo debería ocurrir con el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, impulsado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto, que fue aprobado de manera consensuada en el Senado ya había sido dictaminado en Diputados. Pero, con la renovación de la Cámara baja perdió estado parlamentario.
Los más complicados
El futuro del resto de las iniciativas se torna más nebuloso. Por caso, hasta el momento, y más allá de los anuncios (que incluyeron hasta "filminas") es la ley de electromovilidad.
Según anunciaron desde el Ejecutivo, el proyecto establece que a partir del 2041 ya no se comercialicen vehículos nuevos con motor de combustión interna en el país. Si bien no se conoce la letra chica, desde la industria ya expresaron sus reparos.
Otro proyecto que el Frente de Todos menciona es el régimen de promoción de hidrocarburos. La iniciativa, que ingresó en el Senado, quedó paralizada. El secretario de Energía, Darío Martínez, presentó la letra chica en comisión en septiembre del año pasado.
Saldada esa instancia, el debate del proyecto, que según el propio Martínez surgió "del mandato muy claro por parte del Presidente y la Vicepresidenta", quedó trunco. La iniciativa no contaría con el visto bueno de las provincias petroleras ni con el sector.
El famoso Plan Plurianual que Fernández presentaría el 6 de diciembre sigue sin conocerse y desde el Ejecutivo ya anunciaron que se abordará en tándem con el acuerdo con el FMI, que también deberá pasar por el Congreso.