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Luego de meses de parálisis por los fallos judiciales de Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con descongelar el acuerdo arancelario firmado a en febrero para el segundo semestre del año. La idea será priorizar su tratamiento en el Congreso antes del año electoral, en conjunto con los compromisos pendientes.
Así lo pudo confirmar El Cronista por parte de fuentes oficiales al tanto de la negociación arancelaria. El nuevo horizonte, que promete dejar atrás la incertidumbre comercial, implicará acelerar los compromisos pendientes del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI).
Según le precisaron a este medio, la administración estadounidense ya concluyó la investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, el mecanismo utilizado para evaluar prácticas que pudieran distorsionar el intercambio comercial.
El resultado fue la confirmación, de manera provisoria, del esquema negociado con la Argentina. La decisión fue publicada en el Federal Register, donde permanecerá durante 30 días para recibir comentarios antes de su oficialización definitiva.
“Eso debería ocurrir a fines de este mes (julio) y aplicarse desde comienzos de agosto. De confirmarse el cuadro arancelario en línea a lo acordado con nosotros, eso debería allanar el cumplimiento del resto de los compromisos”, explicó un funcionario.
La cautela oficial estuvo vinculada al escenario judicial que se abrió en Estados Unidos alrededor de la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump, a partir de los fallos que pusieron límites a las herramientas utilizadas por la Casa Blanca para imponer gravámenes a las importaciones.
Primero, la Justicia cuestionó el alcance de las facultades presidenciales para establecer aranceles recíprocos. Posteriormente, también quedaron bajo revisión los aranceles de emergencia aplicados por un período de 150 días, un esquema que además está próximo a expirar.
La interpretación de la Casa Rosada es que, cualquiera sea el mecanismo jurídico que finalmente utilice Washington para sostener su política comercial, la Argentina mantendrá un arancel del 10% para sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.
“La parte positiva de esto es que, bajo cualquier esquema legal, nosotros siempre tenemos 10% de arancel, mientras que Brasil por ejemplo ha llegado a tener 50%, y ahora tendrá 37.5%”, destacaron desde el Gobierno en diálogo con El Cronista.
Esa diferencia mejora la posición relativa de los productos argentinos frente a uno de sus principales competidores en el mercado estadounidense. En el Ejecutivo consideran que esa ventaja puede traducirse en mejores condiciones para distintos sectores exportadores, particularmente aquellos que compiten de manera directa con empresas brasileñas en el mercado norteamericano.
La consolidación del esquema arancelario también abriría una nueva etapa en la implementación del ARTI. Una vez resuelto el capítulo comercial, ahora el acuerdo deberá pasar al Congreso para su aprobación. Fuentes con vínculos en el sector inversor esperan que esa votación implique un amplio apoyo de los sectores políticos, para darle una señal de “institucionalidad” contundente al cuerdo, tal como sucedió con el de la Unión Europea-Mercosur.
En ese sentido, miran con atención que el timing del Gobierno no sea el año que viene, ya en período electoral, debido a que entonces lo ven más complicado un acuerdo con la oposición dialoguista.
El Gobierno además deberá avanzar con otros compromisos incluidos en la agenda bilateral, entre ellos distintas iniciativas vinculadas con la propiedad intelectual.
En la Casa Rosada aclaran que esa agenda no depende exclusivamente del Congreso, ya que el ministerio de Desregulación, comandado por Federico Sturzenegger, sí avanzó por su cuenta durante estos meses para introducir modificaciones regulatorias consideradas estratégicas por las autoridades.
Entre ellas figura la derogación de la resolución conjunta que limitaba el patentamiento de desarrollos biotecnológicos. Para el Gobierno, se trata de una reforma de fondo, ya que modifica los criterios sobre qué innovaciones pueden acceder a protección mediante patentes y fortalece el marco regulatorio para sectores intensivos en investigación y desarrollo.
Fuentes del sector inversor, de todos modos, ven la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) como una instancia clave, ya que brindará mayor seguridad jurídica a la hora de proteger la propiedad intelectual frente a decretos que pueden hacerse y deshacerse según el Gobierno de turno.
Se trata del sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite presentar una única solicitud de patente con efectos potenciales en más de 150 países.
Este tratado obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados pero todavía no fue llevado al recinto. La resistencia de los laboratorios nacionales por el capítulo II del acuerdo -el cual finalmente mantendrá una reserva por parte de la Argentina, según el dictamen de comisión- y la coyuntura política trabaron ese avance.
Qué pasó con el PCT
Actualmente, la Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no forma parte de este mecanismo y el único integrante del G20 que permanece fuera del tratado. Para el Gobierno y parte del sector empresario, la incorporación permitiría mejorar las condiciones para startups, universidades, centros de investigación y compañías que buscan internacionalizar desarrollos tecnológicos.
Uno de los principales cambios que introduce el sistema es la posibilidad de que los solicitantes cuenten con más tiempo para decidir en qué países proteger una invención. El plazo pasaría de 12 a 30 meses, una diferencia relevante para proyectos que requieren financiamiento, validación comercial o estudios de mercado antes de afrontar los costos asociados a una estrategia global de patentes.
El debate parlamentario, sin embargo, quedó atravesado por las objeciones de la industria farmacéutica nacional y la coyuntura por el Caso Adorni que trabó la gestión en el Congreso. El principal punto de discusión fue el capítulo II del tratado, que habilita la utilización de informes técnicos internacionales como insumo para el análisis de solicitudes de patentes.
Los laboratorios locales advierten que ese mecanismo podría terminar influyendo sobre los criterios del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas bajo la normativa argentina.
En particular, cuestionan el riesgo de que se habiliten estrategias de extensión de protección conocidas como “evergreening”, mediante modificaciones menores sobre medicamentos existentes.
Fuente: Shutterstock
Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) esperaban que la iniciativa fuera incluida en el paquete de reformas impulsado semanas atrás junto con el denominado Súper RIGI, pero finalmente quedó fuera de la agenda parlamentaria a la espera de que culminen las negociaciones con EE.UU.
Ahora, con la expectativa oficial de que el acuerdo comercial con Estados Unidos quede encaminado desde agosto, el PCT vuelve a aparecer como uno de los compromisos pendientes dentro de una agenda bilateral más amplia. En el Gobierno esperan que, una vez despejado el frente arancelario, el Congreso pueda retomar el tratamiento de las iniciativas vinculadas con propiedad intelectual antes del inicio de la campaña electoral.