El debate que abrió el Gobierno en torno a la competitividad logística y el transporte por agua con medidas de desregulación sumó un fuerte rechazo del sector privado que opera en ese sector. Desde el Ejecutivo sostienen que la apertura a nuevos competidores permitirán bajar el “costo argentino”.
La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) advirtió que avanzar con modificaciones regulatorias que abran el cabotaje nacional a flotas extranjeras generará profundas asimetrías en el mercado local y pondrá en riesgo la supervivencia de la marina mercante nacional.
En ese sentido, la Federación consideró que hay un riesgo en abrir el juego a competidores internacionales, sin resolver las “ineficiencias estructurales” que encarecen la logística del país.
A través de un comunicado, la entidad empresaria, que nuclea a los principales armadores y operadores navieros del país, coincidió en la necesidad de impulsar una agenda de modernización del transporte marítimo y fluvial orientada a reducir costos logísticos, promover inversiones y mejorar el flujo de las economías regionales.
Sin embargo, enfatizó que cualquier reforma real debe construirse sobre reglas razonables, previsibles y equivalentes para todos los operadores.
A pesar de la trascendencia de las reformas que se debaten para el sector, fuentes de la entidad confirmaron la ausencia de diálogo directo con Federico Sturzenegger, Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado; a pesar de haber enviado notas hace unos meses para solicitar una audiencia, nunca fueron convocados.
Aun así, desde la cámara que agrupa a las navieras locales no descartaron dirigir una nueva comunicación oficial hacia la cartera que conduce Sturzenegger, indicando que actualmente están evaluando los pasos a seguir.
Impuestos y costos laborales
El principal foco de preocupación de los armadores radica en la posibilidad de que empresas extranjeras ejerzan actividades de transporte de cabotaje dentro del territorio argentino.
Según explicaron desde FENA, estas firmas internacionales operan generalmente bajo estructuras radicadas en jurisdicciones que sostienen menores obligaciones fiscales, laborales, previsionales y regulatorias.
Gustavo D’Amico, presidente de FENA, remarcó al respecto que la Marina Mercante Argentina no necesita privilegios, sino que necesita “reglas parejas” para competir.
Asimismo, afirmó que la entidad está dispuesta a acompañar toda reforma que genere más carga por agua, menores costos logísticos y mayor inversión, siempre que las condiciones sean equivalentes para todos los operadores que actúan en aguas argentinas.
Desde la cámara señalaron que, si bien el uso de banderas de conveniencia es habitual en el transporte marítimo internacional, la gran mayoría de las naciones resguardan sus mercados de cabotaje exigiendo requisitos específicos en materia laboral, fiscal y de seguridad.
Permitir la competencia en aguas locales bajo distintas legislaciones provocaría, según advierten, la sustitución progresiva de la flota local por la extranjera, destruyendo el empleo radicado en el país.
Para FENA, la competitividad del transporte por agua no se soluciona generando desigualdades normativas que perjudiquen a los armadores locales.
Bajar el costo argentino
Según explican los operadores, el costo logístico argentino está compuesto por una matriz multifactorial que excede el valor del flete, e incluye los costos portuarios, de estiba, las tasas de infraestructura, y servicios esenciales como el practicaje, el pilotaje y el remolque.
A esto se le suma la burocracia administrativa, la duplicación de trámites, las inspecciones, el peso de las cargas sociales, los impuestos y la alta litigiosidad laboral.
Menos recaudación
En este contexto, la Federación alertó que si estos factores estructurales no se corrigen de manera integral, cualquier reforma corre el riesgo de trasladar la actividad económica de empresas que tributan y generan empleo en la Argentina hacia firmas extranjeras, sin lograr una baja efectiva de los costos que pagan los cargadores locales.
La Federación presentó a autoridades nacionales, legisladores y actores de la cadena de suministro un ”Plan Estructural para la Competitividad".
Este programa busca dotar de "herramientas reales" a la flota de bandera argentina para competir de igual a igual en el mercado a través de cuatro ejes que contemplan la equiparación fiscal para nivelar la cancha frente a las cargas tributarias de flotas de la región, el alivio fiscal para reducir la presión impositiva sobre los combustibles y los insumos, la simplificación regulatoria orientada a eliminar burocracia, y una modernización laboral que adapte el régimen marítimo para reducir la litigiosidad y mejorar la productividad.