Reforma laboral: qué cambia para el campo y por qué el agro salió a respaldarla

Con el proyecto de Reforma Laboral ya encaminado al Senado, el capítulo agrario se convirtió en uno de los ejes más defendidos por las entidades del sector. Especialistas y dirigentes del sector fueron convergentes: la reforma corrige distorsiones que —aseguran— desalentaban la formalización y la inversión en el interior productivo.

Durante su exposición en la reunión conjunta de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, María Ángeles Naveyra, directora ejecutiva de la Fundación Barbechando, sostuvo que “el proyecto de ley de modernización tiene un alto impacto en la estructura del empleo y la economía nacional” porque “corrige distorsiones que durante muchos años generaron litigios, mala información, informalidad y desaliento a la inversión”.

“El agro representa el 25% del PBI de la Argentina. Siete de cada diez dólares que ingresan a la República Argentina son generados por la enorme cadena agroindustrial”, remarcó ante los legisladores.

La especialista subrayó un aspecto específico: “Esta ley sí tuvo en cuenta y se acordó que la Ley de Trabajo Agrario es diferente a la Ley de Contrato de Trabajo Nacional y la 26.727 está siendo considerada en esta discusión”.

Fin de la responsabilidad solidaria amplia en campos arrendados

Uno de los puntos más celebrados por el sector es la modificación del régimen de responsabilidad solidaria.

“La eliminación de la responsabilidad solidaria, totalmente discriminatoria entre el propietario y el arrendatario en el trabajo rural”, enumeró Naveyra como primer eje laboral. Recordó que “más del 60% de la producción se realiza sobre tierras arrendadas” y sostuvo que “mantener una responsabilidad de manera automática y generalizada desincentiva totalmente los contratos formales y genera un riesgo jurídico que no refleja de ninguna manera la realidad operativa”.

Según explicó, “la corrección de este punto implica simplemente asignar las responsabilidades donde corresponden”.

En la misma línea, Ignacio Forconi, abogado y asesor de Trabajo Agrario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo en declaraciones radiales que el esquema vigente generaba un nivel de exposición jurídica que afectaba decisiones productivas, y sostuvo que la reforma aporta mayor claridad sobre quién debe responder por las obligaciones laborales.

El proyecto limita la responsabilidad de la empresa usuaria a las obligaciones devengadas durante el tiempo efectivo de prestación de servicios y excluye, en principio, a quienes arriendan tierras, maquinarias o equipamientos de responder solidariamente por trabajadores registrados por terceros.

Se elimina el trabajador permanente discontinuo

Otro cambio estructural es la supresión de la figura del trabajador permanente discontinuo.

“Gran parte de la actividad agroindustrial en la República Argentina por definición es estacional”, argumentó Naveyra. Por eso consideró “importante reconocer dicha estacionalidad y adaptar la norma a la realidad productiva para formalizar el empleo y generar realmente empleo genuino”.

Con la reforma, las modalidades principales pasarían a ser el trabajo permanente de prestación continua, el temporario y el trabajo por equipo o cuadrilla familiar, desapareciendo la categoría intermedia que hasta ahora reconocía derechos indemnizatorios a quienes eran contratados de manera reiterada para tareas cíclicas o estacionales.

Período de prueba de ocho meses

En materia de contratación, la iniciativa fija un período de prueba propio para el trabajo agrario permanente de prestación continua, ampliándolo a ocho meses.

Naveyra lo defendió como “un plazo razonable de evaluación que reduce ese temor a contratar y que facilita el ingreso formal de los trabajadores”.

Forconi, por su parte, sostuvo en su entrevista que uno de los problemas del sistema actual es el costo y el riesgo asociado a la contratación, y consideró que la ampliación del período de prueba puede favorecer la incorporación formal de personal. “Lo que se buscó es un período de prueba que esté a la altura de lo que es la la tecnología actual en el campo”, reforzó ante Radio Rivadavia.

Fondo de Asistencia Laboral y actualización de intereses

La reforma también crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) obligatorio, destinado a colaborar en el pago de indemnizaciones legales.

“La incorporación del fondo de aportes laborales para el concepto indemnizatorio va a aportar la previsibilidad necesaria y permite sobre todo a las pymes (…) estar protegidas en los casos en que sea necesario enfrentar un despido”, afirmó la representante de la fundación.

Además, el proyecto establece un nuevo criterio para la actualización de créditos judiciales laborales, atado al IPC más una tasa del 3% anual, con prohibición de anatocismo, en línea con la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo.

Cambios en negociación salarial

El texto también modifica el esquema de fijación salarial en el sector agrario, reduciendo el rol decisorio de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y estableciendo un modelo de negociación bipartita entre sindicatos y empleadores, con posterior homologación.

Naveyra incluyó entre los ejes “la negociación salarial directa entre sindicatos y entidades sin la intervención del Estado”, como parte de una mayor autonomía de las partes.

No obstante, se prevé que el organismo pueda fijar asignaciones no remunerativas en situaciones excepcionales —como emergencias climáticas o fuerza mayor— con acuerdo del sector empleador.

RIMI, Ganancias e IVA: el capítulo impositivo

La dirigente también dedicó parte de su exposición a los cambios tributarios.

Celebró la incorporación de personas humanas y sucesiones indivisas al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). “La mayoría de las producciones en la Argentina son personas humanas (…) productores frutihortícolas del norte argentino que quedaban afuera de esta posibilidad de desgrabar si la ley no los incorporaba”, explicó.

Sin embargo, planteó una observación: “No se pudieron reducir los mínimos de inversión y son altos para las pequeñas pymes”. Propuso que el monto mínimo pueda considerarse por la suma de inversiones realizadas durante los dos años de vigencia del régimen.

En materia tributaria, destacó dos cambios centrales: el diferimiento del pago del Impuesto a las Ganancias por la evaluación de la hacienda de invernada y la eliminación del cupo para la devolución del saldo técnico del IVA.

“Un productor agropecuario que tiene un ternero (…) tiene que pagar el impuesto a las ganancias al cierre del ejercicio sin importar si tiene o no listo un producto para vender”, señaló. Eso implica, dijo, destinar recursos “a pagar un impuesto a las ganancias ficticio cuando la podría utilizar como capital de trabajo”.

Sobre el IVA fue categórica: “Ese saldo técnico del IVA hoy es un costo financiero directo (…) un atentado directo contra el capital”.

“Modernizar, no desregular sin criterio”

En su cierre ante el Congreso, Naveyra sintetizó la postura del sector: “Esta ley es necesaria para el desarrollo de la República Argentina. Necesitamos más empleo formal, más producción y más inversión”.

Y dejó una definición política: “Sí, modernizar esta ley, pero no desregular sin criterio, sino ordenar para seguir creciendo”.

Salarios rurales: por debajo de la línea de pobreza para un hogar tipo

Mientras el debate parlamentario se centró en discutir la modernización normativa del régimen laboral agrario, la realidad económica de los trabajadores del campo sigue marcada por la tensión entre ingresos aún por debajo de los costos de vida familiares y una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo.

Las últimas escalas publicadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, vigentes hasta julio de 2026 según la Resolución 290/2025, actualizan los salarios mínimos del sector después de una serie de negociaciones entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las cámaras empresarias.

A partir de noviembre de 2025, las remuneraciones para las principales categorías del régimen de trabajo agrario quedaron establecidas aproximadamente en los siguientes valores:

• Peón general: alrededor de $980.000 – $1.000.000 mensuales
• Capataces: alrededor de $1.180.000 – $1.210.000
• Encargados: alrededor de $1.240.000 – $1.270.000

Estas cifras consolidan los aumentos acordados a lo largo de 2025, con una recomposición salarial acumulada que ronda el 7% en el último tramo de septiembre–noviembre, complementados con sumas no remunerativas y otros ajustes que fueron parte de la negociación sectorial.

Comparación con la línea de pobreza familiar

El contraste resulta claro cuando estos ingresos se comparan con los datos oficiales sobre el costo de vida.

Según el organismo estadístico oficial, la Canasta Básica Total (CBT) de enero de 2026 para un hogar tipo de cuatro integrantes alcanzó los $1.360.298. En ese contexto:

• El salario de un peón general, la categoría que concentra la mayor cantidad de empleo rural, queda por debajo de la línea de pobreza familiar, cubriendo aproximadamente el 70% del costo de la canasta básica total para una familia de cuatro.
• Las categorías superiores, como capataces y encargados, también se ubican por debajo de esa referencia cuando deben sostener un hogar tipo.

Si se toma como comparación la línea de pobreza de un adulto equivalente (un solo trabajador sin cargas familiares), el salario agrario supera con holgura esa medida —pero esa comparación pierde relevancia cuando se trata de familias, que son la forma predominante de consumo en la vida real.

Inflación y trayectoria de los ingresos

Los incrementos salariales pactados durante 2025, aunque significativos en términos nominales, se produjeron en un contexto de inflación elevada. Los datos oficiales muestran que:

• La canasta básica total tuvo una variación interanual superior al 30% hacia principios de 2026,
• Mientras que la Canasta Básica Alimentaria superó incluso ese ritmo.

En ese marco, el aumento acumulado para las escalas agrarias se mantiene por detrás de la suba general de precios, con una recomposición que no ha logrado recuperar completamente el poder adquisitivo frente al costo de vida.

Esa realidad salarial es relevante para entender por qué, más allá de los cambios regulatorios defendidos por las entidades empresarias, persiste una tensión entre la estructura legal del empleo en el agro y las condiciones materiales de quienes lo sostienen día a día.

Un empleo formal que aún enfrenta desafíos sociales

La exposición de María Ángeles Naveyra ante el Congreso subrayó que la reforma intenta corregir “distorsiones que durante muchos años generaron litigios, mucha mala información, informalidad y el desaliento a la inversión”. Sin embargo, los números muestran que, incluso con empleo registrado y escalas actualizadas, una parte importante de los trabajadores rurales y sus familias continúa enfrentando dificultades para alcanzar niveles de ingreso que cubran una canasta familiar de referencia.