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La disputa judicial por la reforma laboral dio un nuevo giro este martes luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenara al juez laboral Raúl Ojeda que remita “en 24hs, de manera urgente” el expediente al fuero contencioso.
La decisión, según reconstruyó la Procuración del Tesoro de la Nación, incluye un señalamiento explícito sobre el incumplimiento del magistrado y una definición clave: la discusión sobre la competencia “está definitivamente cerrada”.
Sin embargo, el propio juez laboral Raúl Ojeda relativizó el alcance de la decisión y sostuvo que el conflicto por la competencia aún no está resuelto en forma definitiva. “El tema no está cerrado. Aún debe expedirse la Cámara del Trabajo”, afirmó en diálogo con El Cronista.
El magistrado explicó ante este diario que ese tribunal puede convalidar el criterio del fuero contencioso y remitir el expediente, pero también podría sostener su intervención. “La Cámara del Trabajo puede coincidir y se manda todo a Contencioso. Si no coincide va a la Corte Suprema”, detalló.
De acuerdo con el comunicado oficial, el caso se originó a partir de un pedido del Gobierno —a través del Ministerio de Capital Humano— para que se levante la medida cautelar impulsada por la CGT, que había suspendido más de 80 artículos de la norma.
Ese planteo se realizó ante el fuero contencioso administrativo federal. La jueza interviniente decidió entonces elevar las actuaciones a la Cámara y advirtió que el juez Ojeda “se rehúsa a remitirlas”, pese a resoluciones previas en ese sentido.
En ese contexto, la Sala IV intervino y ordenó el envío inmediato del expediente, en lo que el oficialismo interpreta como un respaldo a su estrategia para trasladar la causa fuera del ámbito laboral.
La postura del Gobierno
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro fue más allá y dio por saldada la disputa. En su comunicado afirmó que “se resolvió la competencia y el fuero laboral quedó afuera de la discusión”.
El organismo también cuestionó con dureza la actuación del juez Ojeda. Sostuvo que el magistrado “ha excluido arbitraria e ilegítimamente a la PTN del patrocinio en la causa laboral” y que rechazó “inhibitorias, planteos de nulidad y recursos extraordinarios federales”.
Además, lo acusó de haber “incumplido la orden de remisión de la causa al fuero contencioso administrativo federal, avanzando de espalda a las reglas procesales”.
Desde el ámbito laboralista también relativizaron la idea de que la discusión esté saldada. El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, sostuvo ante El Cronista que “no está del todo claro” el escenario actual y remarcó que “la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo todavía no dijo nada al respecto y hay una apelación pendiente”.
El especialista también cuestionó la estrategia judicial del Gobierno, al señalar que “fue muy contradictoria”, ya que apeló la cautelar en el fuero laboral, promovió una inhibitoria en el contencioso administrativo y, en paralelo, solicitó la intervención directa de la Corte Suprema. En ese marco, advirtió que el control judicial sobre las leyes “es parte del sistema republicano” y recordó que la sanción de una norma por el Congreso no impide que sea revisada en su constitucionalidad por los tribunales.
Más preciosiones de la Procuración: “Ya no tiene margen”
En paralelo, fuentes allegadas a la Procuración del Tesoro endurecieron, ante El Cronista, la posición oficial y sostuvieron que el juez laboral ya no tiene margen para sostener su intervención en el expediente. “No le quedan más instancias. Tiene que acatar la indicación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal”, señalaron.
Las mismas fuentes afirmaron que la resolución del tribunal ya advirtió sobre un incumplimiento y cuestionaron el accionar del magistrado. Según indicaron, hubo una conducta reiterada de desoír “inhibitorias, pedidos de nulidad y resoluciones judiciales”, lo que —a su entender— afecta el normal desarrollo del proceso.
En ese sentido, remarcaron que la postura del Gobierno es “tajante” respecto de la necesidad de que se respeten las decisiones judiciales y los canales institucionales. “Tienen que cumplirse la ley y los procesos”, resumieron.