A principios de diciembre, el gobernador Axel Kicillof consiguió la aparentemente imposible autorización parlamentaria para adquirir financiamiento externo y así refinanciar pagos de deuda. Pero ese camino, que parecía despejado, volvió a tornarse pantanoso —casi intransitable— a causa del gobierno de Javier Milei.
La Casa Rosada no ha dado muchos detalles, pero ya anticipó que no está dispuesta a acompañar nueva toma de deuda por parte de la provincia de Buenos Aires. Incluso, la administración nacional envió dos señales negativas —aunque divergentes— sobre el tema.
El titular de Hacienda, Luis Caputo, sostuvo que, según la Ley de Responsabilidad Fiscal, “las provincias se comprometen a tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación”.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue en otra dirección y aseguró que sólo se autorizaría endeudamiento en caso de “rollovers de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación”.
Kicillof afirma que el financiamiento requerido es, justamente, para poder “rolloverear” la deuda adquirida durante la gestión de María Eugenia Vidal. Siguiendo esa premisa, en La Plata creen que la Casa Rosada debería autorizar la gestión, aunque también están convencidos de que la disputa será política y no técnica.
Sin embargo, el ojo está puesto en el contenido de la Ley de Financiamiento: en los mecanismos dispuestos, en los montos, pero especialmente en el destino de los fondos.
Financiamiento para PBA: qué aprobó la Legislatura
La norma autorizó al Ejecutivo bonaerense a tomar deuda y emitir instrumentos financieros por un volumen excepcional, distribuido en líneas específicas para la Administración Central, el Sector Público Provincial y empresas estatales.
Su objetivo declarado es cubrir obligaciones 2025, refinanciar pasivos, mejorar perfiles de vencimientos y financiar proyectos de inversión y energía.
La venia legislativa, no obstante, tuvo costos políticos altos. En la negociación con la oposición, Kicillof concedió la creación de un Fondo de Emergencia Municipal para 2026–2027, para el que prometió dedicar el equivalente al 8% de la deuda conseguida, a ser distribuido entre los intendentes. El dato no es menor y podría convertirse en el talón de Aquiles de toda la iniciativa.
Aunque algunos analistas afirmaron que la Provincia podía conseguir préstamos sin la autorización de Milei, cerca de Kicillof confirmaron a El Cronista que “aún no se inició” la tramitación del expediente, pero que lo harán en los próximos días.
Por ejemplo, la norma aprueba la búsqueda de u$s 1.045 millones, destinados a cubrir amortizaciones de deuda pública 2025, mediante cualquier mecanismo o instrumento financiero que el Ejecutivo “juzgue apropiado”.
Otros u$s 1.990 millones estarían dirigidos a la cancelación o renegociación de deudas financieras y a la mejora del perfil de vencimientos. En ese sentido, en la Provincia creen que estos montos encajan claramente en la premisa del “rollover”.
La ley también permite la emisión de Letras del Tesoro por u$s 250 millones para afrontar Rentas Generales o, si se requiere, coparticipación, fideicomisos y otros recursos provinciales.
Luego se autoriza tomar u$s 150 millones para proyectos de infraestructura energética y u$s 250 millones para obras viales y autopistas, ambos bajo la órbita de empresas estatales de la provincia.
El máximo autorizado asciende a u$s 3.685 millones. Según la distribución prevista:
- 28,3% se utilizaría para cubrir deuda 2025,
- 54,0% para compromisos de los meses próximos,
- 6,8% para Letras del Tesoro,
- 4,1% para BAE,
- 6,8% para AUBASA.
El Fondo de los intendentes
La ley crea un fondo con afectación automática del 8% del total del financiamiento efectivamente obtenido. Si se alcanzaran u$s 3.035 millones, u$s 242,8 millones corresponderían a los intendentes.
Es en este punto donde surgen los principales señalamientos. En sentido estricto, ese fondo no constituye un rollover de deuda, sino la utilización de financiamiento para cubrir un compromiso político, algo que el Gobierno nacional no estaría dispuesto a avalar.
Cerca de Kicillof aclararon que ese fondo, en realidad, se nutre de “rentas generales”. “Pero si no tenemos rolloveo, tenemos que usar rentas generales para pagar deuda, como pasó este año”, indicaron ante la consulta de este medio.
Cuando el proyecto de Financiamiento había trastabillado en la Legislatura, la gobernación advirtió que podía peligrar el pago de aguinaldos y de prestaciones sociales que son vitales para sostener la frágil paz social bonaerense. Según señalan, un rechazo de la Casa Rosada podría provocar precipitar ese escenario.