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La Justicia resolvió este lunes concederle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la prisión domiciliaria en el cumplimiento de su condena a seis años en la causa Vialidad.
La exmandataria cumplirá la condena en su departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, en el domicilio de la calle San José 1111.
La decisión fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes ponderaron su edad, el atentado en su contra sufrido en 2022 y las condiciones de seguridad inadecuadas que representaría un encierro carcelario.
Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 le impusieron una serie de condicionamientos que deberá respetar para poder conservar el beneficio. Si no los cumple, puede revocarse el arresto domiciliario.
Las tres reglas clave que Cristina Kirchner deberá cumplir para no terminar en una cárcel común
En primer lugar, la expresidenta deberá permanecer en el domicilio elegido, salvo "en situaciones excepcionales" que deberá informar a la Justicia y "justificar debidamente". Además, se le impuso el uso de tobillera electrónica.
La prisión domiciliaria será cumplida en el domicilio de la calle San José 1111, piso segundo, donde reside desde 2022.
En segundo lugar, pusieron una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes en el frente de su departamento. En este sentido, indicaron que "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".
El tribunal también limitó la cantidad de visitas que podrá recibir. Para eso, la exmandataria tendrá 48 horas hábiles para presentar un listado de personas que estarán autorizadas a ingresar al domicilio sin autorización judicial. En esta nómina se incluyen familiares, custodia policial, profesionales de la salud que la asisten habitualmente y abogados que la representan. Toda persona que no está incluida en el listado deberá pedir autorización judicial.
Por último, se estableció que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión debe elevar los resultados de la supervisión cada tres meses. Allí se evaluará el grado de acatamiento de las reglas de conducta impuestas.