A casi un mes del anuncio del "plan colchón", para que la economía "continue creciendo al 6%", el Gobierno no inició la discusión en el Congreso del proyecto de ley para blindar a los contribuyentes y no ser investigados, lo que "frena" la circulación de "dólares".
Es que el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que anunció el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, que plantea modificaciones en la Ley Penal Tributaria, de Procedimiento y en el Código Civil y Comercial, solamente fue girado a la Cámara de Diputados.
Y se encuentra allí, sin movimientos desde hace más de siete días. Según pudo saber El Cronista, con una alta fuente de la Cámara de Diputados, la intención del oficialismo era convocar a comisiones a semana. Algo que aún no sucedió en medio de una agenda monotemática con la condenada de Cristina Fernández de Kirchner.
Hasta el momento, el oficialismo no entabló dialogo informal con la oposición dialoguista respecto al tratamiento del proyecto. Según comentan legisladores referentes en materia tributaria ni siquiera se abordó intrabloque.
"En general hay espíritu de acompañar", comentó a este medio un legislador de Propuesta Republicana (PRO). La expectativa en la oposición es que se convoque a comisiones la próxima semana, cuando -a priori- la exvicepresidente ya no estaría en el centro de la escena y el Gobierno podría volver a marcar agenda.
El viernes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con las "tres anclas" en la Cámara de Diputados. "Tuve el honor de recibir la visita de estos tres gigantes del equipo económico del presidente, Javier Milei y Luis Caputo", escribió en la red social X junto con una foto con Federico Furiase, Felipe Núñez y Martin Vauthier. Aunque en su entorno negaron que haya sido por el "plan colchón".
"Es tema del Congreso ya. Nosotros enviamos el proyecto de Ley", aseguran en el Ministerio de Economía sobre la falta de convocatoria al tratamiento en comisión. Aunque saben que el responsable de que inicie es de su propia fila: Menem. "No manejo su agenda", retrucan.
Una situación sobre la que los tributaristas encienden alertas. "El no tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal retrasa la salida de los dólares del colchón para importes grandes", sostuvo el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, MarianoGhirardotti.
Aunque entiende que el Gobierno puede evaluar llamar a sesiones extraordinarias para hacerlo. "Puede haber algún tipo de resquemor con relación a obtener la mayoría en el recinto necesaria para la aprobación de la norma", comentó.
Pero hay quienes aseguran que la demora en el llamado a comisiones se debe a que negociaciones de la letra chica del proyecto. "Sobre la Ley Penal Tributaria hay presión para que se vuelva al de Ricardo López Murphy que fue aprobado por unanimidad y planteaba como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)", comentó una fuente en off the record.
Lo que falta
Luego de la publicación de la Resolución General 5704/2025, el Régimen Simplificado de Ganancias, elevar los montos de los regímenes de información y la firma de los convenios con ciertas provincias, fuentes oficiales del fisco nacional adelantaron a El Cronista que no habrá más novedades de su parte.
Aún resta por saber la decisión por parte de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Tras la reunión con mantuvo Pazo junto con el ministro de Hacienda, Pablo López, y el titular del fisco provincial, Cristian Girard.
"Se está analizando la adenda", comentan en ARBA desde hace días. Mientras que por el lado de la ARCA aseguran no tener novedades y remarcan que el viernes pasado se llevó a cabo la firma por parte de la provincia de Santa Cruz.
Con esta última ya son 14 los distritos que lo hicieron. Entre ellas, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
A pesar de que el lanzamiento del nuevo convenio de información de la ARCA con las provincias tuvo como amenaza que aquellas que no adhieran perderán el acceso a la facturación de personas y empresas por encima de lo $ 50 millones, no hay respuesta en el fisco de cuándo comienza a regir.