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Tras el resultado de las las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la interna de la coalición gobernante, que terminó en un inesperado cambio de gabinete, la estrategia del Gobierno de cara a las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre está centrada en volcar dinero a la calle, con foco en la obra pública y los ingresos de la gente.
Pero tan pronto como la estrategia quedó en claro, algunos análisis empezaron a alertar sobre el relativo impacto que tendrían en las intenciones de voto.
Un reciente informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), dependiente de la Universidad de Belgrano, asegura que "un gobierno fracturado, no puede poner plata en el bolsillo de la gente", y advirtió sobre el peso que tiene hoy la deuda pública, lo que podría condicionar la agenda económica a mediano plazo.
"Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el volumen de la deuda de la Administración Central representaba en 2020 un 102,8% del PBI, el mayor guarismo desde 2005, tras haber alcanzado un mínimo en 2011, con tan solo el 38,9%", señaló Víctor Beker, director del CENE.
Como eje central el informe puso el foco en los escenarios económicos que plantea "la inédita, imprevista y aplastante derrota del oficialismo" en las PASO 2021, que "generó una crisis política aún en desarrollo".
En el análisis de Beker la alternativa que parece ser la elegida (por el Gobierno) es "interpretar que la debacle electoral puede contrarrestarse ‘poniendo plata en el bolsillo de la gente', para generar un shock de consumo". En ese sentido, habría un incremento general de salarios y jubilaciones para las escalas más bajas y se subiría el gasto social y la obra pública.
Para ello, se usarían parte de los fondos provistos por el FMI por la ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) y, si fuera necesario - señala- emitiendo una cuasi-moneda para su financiamiento, tal como deslizó días pasados Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina.
La tercera pata, sería "una estricta política de control de precios" con fuertes sanciones a quienes no la acaten", consideró Beker.
Juego de posibilidades
Buscando anticipar la agenda económica de las próximas semanas, el economista apuntó que "este paquete probablemente requiera de un cepo reforzado que se extendería al mercado ‘blue'.
No obstante, la estrategia tropezaría con la "dificultad que plantea para su implementación un gobierno debilitado y fracturado". Además, si el resultado de noviembre no fuera el esperado, "podrían reeditarse las 72 horas de furia de la semana pasada", indicó.
El análisis advierte sobre otros dos escenarios posibles, por un lado, atender el mensaje de una parte del electorado, en favor de una liberalización de la economía.
En este caso, un rápido acuerdo con el FMI, una flexibilización del cepo cambiario, una actitud más amigable hacia la inversión privada y un fomento de la radicación de capitales, en actividades clave como el litio, Vaca Muerta, la obra pública, pero también industrias de la salud, economía del conocimiento y el sector agroindustrial, "podrían ser parte de una agenda desarrollista, que permita revertir esta nueva década perdida", señala.
En paralelo, debería trazarse un "plan que permitiera reducir drásticamente la inflación", tomando un conjunto de instrumentos monetarios, fiscales y de política de ingresos coherentes.
Ésta sería la clave que "posibilite llegar a 2023 con una variación anual de precios de un solo dígito", aseguró Beker, un escenario posible, aunque improbable.
El tercer escenario, en tanto, supone un paralelo con una etapa similar a la vivida por el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín, tras el triunfo de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires en 1987, "caracterizada por una agonía política y económica que culminó con la entrega anticipada del poder, en julio de 1989", sostuvo Víctor Beker.