El juez Norberto Oyarbide ordenó hoy el procesamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y del contador Alejandro Gotkin, y dispuso que volvieran a quedar detenidos por el caso de las irregularidades en la construcción de viviendas a través de una fundación de las Madres de Plaza de Mayo.

A Sergio Schoklender se lo consideró jefe de una asociación ilícita que defraudó al Estado y lavó dinero, mientras que su hermano Pablo Schoklender y el contador Gotkin fueron procesados como organizadores de esa banda, según indicaron fuentes judiciales que tuvieron acceso a la resolución.

Mientras que Alejandra Bonafini -la hija de Hebe de Bonafini- recibió una “falta de mérito”, el juez dispuso casi medio centenar de procesamientos, pero sólo tres incluyeron una prisión preventiva y millonarios embargos.

A Sergio Schoklender le impuso 200 millones de pesos, mientras que a Pablo Schoklender y a Gotkin los embargaron por 150 y 100 millones de pesos respectivamente, indicaron las fuentes del caso.

El juez también dispuso extraer testimonios y remitirlos a su par Marcelo Martínez Di Giorgi, que instruye la causa sobre la actuación de los funcionarios que entregaron fondos.

Se trata del presunto desvío de 280 de unos 750 millones de pesos que la Fundación que pertenecía a la asociación de las Madres de Plaza de Mayo recibió del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales.

Apenas el juez dictó la resolución, la policía se presentó en las respectivas casas de Sergio Schoklender y de Gotkin, donde procedieron a detenerlos, y los enviaron esta noche a una dependencia de la Policía Federal en el barrio de Palermo a la espera de ser llevados a la cárcel.

En una resolución de unas 1600 fojas que hasta esta noche no había sido notificado a todos las partes, el juez Oyarbide dictó los procesamientos por ‘asociación ilícita y administración fraudelanta‘, mientras que se aludió a delitos de la nueva ley de lavado de dinero.

El abogado Slominsqui, defensor de Pablo Schoklender, sin embargo aseguró que “es una infracción a la ley penal tributaria, por no haber depositado los aportes previsionales a los empleados de la Fundación” Sueños Compartidos.