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Arranca la cuenta regresiva por la ley de alquileres. A partir del martes,la Cámara de Diputados tiene 30 días para dictaminar un nuevo texto; de lo contrario, Juntos por el Cambio (JxC) insistirá con la derogación del texto que rige desde hace menos de dos años y que para los diferentes actores involucrados fracasó.
La semana pasada, el Frente de Todos (FdT) y JxC acordaron tomar cartas en el asunto. La coalición opositora había convocado a una sesión especial a fin de avanzar con la derogación de la iniciativa. Pero daba por descontado que no contaría con los números suficientes para avanzar en esa dirección. Básicamente, puso al oficialismo contra las cuerdas y logró de ese modo destrabar la conformación de la comisión de Legislación General, que rompió la virtual parálisis en la que se encuentra la cámara baja en cuanto a la composición de sus órganos clave para abordar trámites legislativos.
La comisión clave para esta iniciativa, por conformarse el martes alrededor de las 15, contará con 16 diputados del FdT, 14 de JxCy uno del Interbloque Federal, que será la bonaerense Graciela Camaño. Las chances de que la presida la massista Cecilia Moreau son altas.
Saldado el trámite, el FdT y JxC acordaron que la comisión se dedicará de lleno durante 30 días hábiles a recibir a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias "tendientes a mejorar la legislación actual".
Desde JxC hicieron saber, apenas trascendió el acuerdo que, vencido el plazo de 30 días hábiles pactado, si no llegase a haber dictámenes de la comisión, reimpulsarán el pedido de sesión especial.
La semana pasada, en una reunión que los diputados de Juntos por el Cambio mantuvieron con propietarios, inquilinos e inmobiliarias, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, destacó que "todas las partes coincidieron en que la ley actual tiene dos grandes problemas: el plazo de tres años de los contratos y la periodicidad de un año en actualización de los montos porque con la inflación, lejos de dar previsibilidad, estas clausulas generaron más incertidumbre".
Propuestas en danza
En la previa al acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, varios legisladores de este espacio proponía derogar la Ley de Alquileres sancionada el Senado en junio de 2020, para que vuelva a regir la ley anterior hasta tanto se sancione una nueva iniciativa.
En tanto, 15 diputados del Frente de Todos, con José Luis Gioja, presentaron un proyecto que modifica la ley del 2020. Entre otros ítems, la ley propone un plan de construcción y adquisición de inmuebles destinados a la gestión pública de alquileres sociales y gravar las viviendas ociosas.
Como el texto solo fue girado a la comisión de Legislación General, y no a Presupuesto y Hacienda, las chances de que prospere la creación de ese impuesto son nulas. A esto se le suma la negativa, por parte de JxC de avanzar en esa dirección, tal como se comprometieron en campaña, el año pasado.
En las últimas horas, en tanto, el diputado del interbloque Provincias Unidas, Agustín Domingo, presentó su propia iniciativa. En pocas palabras, la propuesta del rionegrino "desregula todo, deroga la ley de convertibilidad que prohíbe indexación en contratos".
Asimismo, el proyecto que impulsa el referente de Juntos somos Río Negro es volver al plazo de dos años en los contratos de alquileres para vivienda. En tanto, deja en manos de las partes la elección de un posible ajuste sobre el precio. ¿Cuál? "Índice de salarios, inflación, otro, ninguno", explicaron desde el entorno del rionegrino.
El tercer punto saliente del proyecto es que la garantía que se estima necesaria en cada caso pueda ser acordar libremente entre las partes.
"Lo único que lograron los cambios que introdujo la actual ley en estos puntos fue reducir la cantidad de personas que se vuelcan a la inversión en viviendas y así aumento el precio de los alquileres", fundamentó Domingo al presentar su proyecto.
Para el rionegrino, el Estado "tiene responsabilidad en la crisis habitacional, pero de nada sirve sancionar leyes voluntaristas que en lugar de solucionar el problema lo terminan agravando".
"Al gobierno nacional le corresponde generar las condiciones para que vuelva el crédito hipotecario y más familias puedan acceder a una vivienda propia. A los gobiernos locales promover el acceso a viviendas y/o lotes sociales. Solo de esta manera se puede reducir la presión sobre la demanda de alquileres", remató.