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Sin tregua para el Gobierno, el Senado aprobó la ley de Financiamiento Universitario y le dio sanción, por segunda vez, a la recomposición presupuestaria del sector educativo. El veto del presidente Javier Mileillegaría para después de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
La aprobación fue por amplia mayoría, con apoyo de Unión por la Patria, la UCR y partidos provinciales. El resultado fue por 58 votos a favor, 10 negativos y 3 abstenciones. Próximamente, se avecina una victoria similar para la oposición en materia de emergencia pediátrica para aumentar los salarios del Hospital Garrahan, el cual también está en condiciones de ser sancionado.
Los 10 días hábiles para que el jefe de Estado vete las leyes empiezan a correr una vez que el Congreso se los remita, por lo que el conteo aún es incierto. De todos modos, todo indica que los vetos llegarán después de los comicios locales en la provincia de Buenos Aires, para cuando se espera también la llegada del Presupuesto 2026.
Nuevas "pelucas" en el Senado
El proyecto se trató después de que hayan conseguido bajarle los decretos delegados al Presidente, también con apoyo de ex-aliados que se despegaron por el armado electoral, como el correntino Carlos "Camau" Espínola y el radical Víctor Zímmermann.
Consecuentemente, el apoyo de La Libertad Avanza sumó a un ex-opositor, el formoseño Francisco Paoltroni, quien también votó a favor de los decretos delegados que orquestó el ministro Desregulador, Federico Sturzenegger. Al apoyo firme de la cordobesa bullrichista, Carmen Álvarez Rivero, se suma la de la santafesina de la UCR, Carolina Losada, miembro del Consejo de Mayo.
Losada había votado a favor de la ley el año pasado, mientras que Alfredo Di Angeli, del PRO, habían votado en contra y en esta oportunidad se ausentó. Los tres que se abstuvieron fueron: María Victoria Huala, pampeana del PRO; la chubutense Andrea Cristina y el salteño Juan Carlos Romero.
Letra chica y costo fiscal
El proyecto plantea la recomposición presupuestaria por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y, además, la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
A su vez, establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades desde diciembre del 2023 hasta la fecha de sanción en un porcentaje que no sea inferior al IPC acumulado de ese período.
También insta al PEN de convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria que no puede exceder los 3 meses y asegurando una actualización mensual no menor a la inflación.
Además, dispone la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles desde diciembre del 2023 y asegura los créditos presupuestarios para la continuidad y eficiencia de los recursos.
El proyecto no contempla el financiamiento de estos puntos y aún no ha sido publicado el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el impacto fiscal, pero el proyecto sancionado y vetado el año pasado estimaba un 0,14% del PBI. Según los cálculos que deslizan en los pasillos, este nuevo proyecto va en esa línea.