De las más de 30 empresas que el Estado controla en diversos sectores y bajo diferentes figuras jurídicas, apenas un tercio reporta periódicamente su desempeño económico y financiero. Cuatro de cada diez divulgan información de calidad y actualizada sobre su gobierno corporativo, y en menor medida han desarrollado mecanismos para cumplimentar procedimientos de información e integridad por los que están obligados por ley.
Los datos surgen de una investigación llevada a cabo por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que procura instalar en el debate público este tema para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, varios de ellos establecidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y reglamentaciones del Poder Ejecutivo.
El sector público empresario a nivel nacional está integrado por 34 empresas y grupos de Empresas de Propiedad Estatal (EPE), dentro de sectores económicos diversos y de formas jurídicas diferentes. Sobre ellas se cierne cierta opacidad, e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto la lupa sobre ellas como parte del programa acordado por el Gobierno para reducir el rampante déficit fiscal.
El relevamiento incorpora empresas que actúan en minería, energía, industria manufacturera, transporte, comunicaciones, banca e intermediación financiera. Allí figuran, entre otras, la Administración General de Puertos, el Correo Argentino, Ar-Sat, Fabricaciones Militares, Intercargo, Radio y Televisión Argentina (RTA), Trenes Argentinos y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
"Dado su nivel de participación alto en sectores clave para el desarrollo económico y social, una buena gobernanza de las EPE resulta fundamental", considera el Cippec en su último informe sobre la materia, difundido en los últimos días de abril, con llamados a mejorar el control público de estas compañías.
Mediante un Índice de Transparencia de Empresas de Propiedad Estatal (Itepe), Cippec calificó en una escala de 0 a 100 el rendimiento de las empresas públicas a través de 25 indicadores organizados en torno a su gobierno, el acceso a la información e integridad, la estructura y organización, la gestión estratégica y operativa, el desempeño económico y financiero, y las compras y contrataciones.
Si bien se encuentran excepciones, el nivel general de desempeño en transparencia activa es bajo, con un promedio de 42,5 puntos sobre 100. Si fueran examinados con rigurosidad universitaria, las empresas públicas zafan por poco del bochazo.
Para el think tank que elaboró el diagnóstico, el desempeño en transparencia activa depende, hoy por hoy, de la voluntad política de las autoridades y no de reglamentos que fijen el comportamiento esperado. No hay, por tanto, criterios claros de actuación.
Donde mejor nota obtienen es en la divulgación de las compras y contrataciones, con 51,3 puntos sobre 100; estructura y organización, con 49,9 puntos, y gestión estratégica y operativa, con 46.
Pero por otra parte, casi la mitad no identifica al organismo propietario, que es a fin del día el que designa a las autoridades y supervisa el desempeño. Tampoco existen datos claros de quiénes integran los directorios estatales, y es aún más baja la proporción de gerentes de los que existe información pública sobre sus antecedentes educativos y profesionales -indispensables para evaluar la idoneidad.
En otro orden, menos de la mitad indica procedimientos para solicitar información pública, y una amplia mayoría no publica las declaraciones juradas patrimoniales de los directores, tal como solicita la Ley de Acceso a la Información Pública. Aún más: solo dos de las 34 empresas estudiadas publica y actualiza esos datos.
El panorama sigue en picada. Tres de cada cinco no divulgan la nómina de personal, y solo una de cada cuatro firmas publica informes de gestión o memorias actualizadas.
Más aún, es más baja la proporción de aquellas que informa su presupuesto desagregado: apenas una de cada seis. Los informes contables tampoco son de fácil acceso: solo una de cada cuatro. Poco más de la mitad no publica ningún tipo de información económico-financiera.