No habrá anuncios grandilocuentes para evitar aparecer corriendo de atrás en la interna peronista. Pero la jugada del gobernador bonaerense Daniel Scioli de decretar la Emergencia en Seguridad, ubicar al tema como eje de su campaña y retomar la iniciativa frente a Sergio Massa, también le dio aire a Mauricio Macri para reclamar la paternidad de algunas medidas destinadas a bajar los niveles delictivos y volver a la carga con sus proyectos. Por orden del jefe de Gobierno porteño, el PRO retomó en la Legislatura las propuestas contra los motochorros, trapitos y limpiavidrios, presentadas hace cuatro años y que nunca pudieron ser sancionadas en el recinto por el persistente rechazo de la oposición. Con la certeza de que cambió el escenario político, el macrismo aspira ahora lograr adhesión de otros bloques y acelerar los procesos parlamentarios que permita aprobarlas en quince días.


Los dos proyectos que se analizan en la Comisión de Seguridad fueron presentados en diciembre pasado por el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, sobre la base de los históricos enviados por el Ejecutivo porteño.


Se trata de fuertes cambios en el Código Contravencional de la Ciudad. Uno de ellos prevé prohibir la circulación de motos con dos personas a bordo en el centro y en otras diez avenidas de la Capital, consideradas de mayor incidencia delictual, en el rango horario de 10 a 17. También incluye sanciones para aquellos que no cumplan con la utilización de los chalecos o cascos con la identificación de la patente, con el objetivo de desalentar los robos cometidos por los denominados motochorros. Esta idea también es alentada por el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, en la Provincia.


La otra iniciativa busca prohibir la actividad de los comúnmente llamados trapitos, quienes compulsivamente exigen dinero a cambio de cuidar coches estacionados, y de los limpiavidrios en calles porteñas.


El nuevo impulso se produce pese a que el macrismo que nunca tuvo ni tiene mayoría propia en la Legislatura y necesita de la adhesión de otros bloques para sancionar sus leyes se encontró en los últimos cuatro años, en al menos tres oportunidades, con el rebote opositor, por considerar que se perjudicaba a los trabajadores.

Incluso, el cuerpo sancionó dos iniciativas que modificaban el sello del PRO y Macri terminó vetándolas. Cerca del Jefe comunal creen ahora que las cosas son diferentes. Están convencidos de que el aumento del delito que revelan todas las encuestas, combinado con la suba de la violencia social y el foco de Scioli y Massa puestos en el combate contra la inseguridad cambiaron el escenario político y ya no hay margen para oponerse. Aunque espera lograr un debate amplio, en el PRO creen que en este caso no contarán con el apoyo del kirchnerismo porteño (aunque nunca se sabe cuando de negociaciones se trata) y se concentrarán en conseguir los votos de UNEN. Por caso, ese espacio presentó un proyecto de Hernán Rossi para ordenar la protesta social e impedir los cortes totales de calles. Para aprobarlas, el PRO necesita sumar tres adhesiones a los 28 legisladores propios.