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Que la forzosa reconfiguración de las áreas de influencia dentro del Triángulo de Hierro tomó por sorpresa a uno de sus vértices —el que lidera Santiago Caputo— no es ningún secreto en la Casa Rosada. El malhumor del asesor todoterreno fue más que elocuente durante la jura de Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia.
Pero si algo caracteriza al monje negro de la gestión libertaria es su capacidad para preservar posiciones incluso cuando el tablero se mueve. Caputo conserva todavía las llaves de engranajes sensibles del Gobierno. Incluso uno que vuela bajo radar, pero que gana peso en el delicado equilibrio geopolítico que el gobierno de Javier Milei intenta sostener entre China y Estados Unidos: el poder nuclear. Hay, de hecho, un ambicioso plan estratégico en elaboración desde ese sector.
La salida de Sebastián Amerio del viceministerio de Justicia selló el final de la influencia directa de Caputo en el área y desactivó una de sus terminales políticas en el vínculo con la Justicia. Amerio fue siempre definido como un hombre cercano a la Corte Suprema. Quizás para no perderlo —arriesga un interlocutor de ese universo— le abrieron el despacho de la Procuración del Tesoro, un área que, por lo demás, ya orbitaba dentro del esquema de poder del asesor presidencial.
Quien lo reemplaza, Santiago Viola, desembarca como los ojos directos de Karina Milei en el área. Aunque con un margen de maniobra mucho más acotado sobre el universo de la Justicia federal. Ese terreno lo conoce con mayor familiaridad Mahiques, si bien la paradoja es evidente: será Viola quien ocupe la silla del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de regular la conducta de los magistrados.
No es un dato menor en un momento en el que el oficialismo promete avanzar con la cobertura de 300 vacantes en el sistema judicial —entre jueces, fiscales y defensores—, muchas de ellas correspondientes a ternas elaboradas durante la gestión de Eduardo “Wado” de Pedro en el Ministerio de Justicia. Durante el gobierno de Alberto Fernández, más de 200 pliegos quedaron bloqueados en el Senado y apenas se encaminó una cuarta parte de esos lugares.
Aunque ambos provienen de Mercedes, en el entorno del senador kirchnerista se apuran a aclarar que no existe un vínculo personal entre Wado con Mahiques. Otras fuentes hablan, en cambio, de una relación con primos del dirigente peronista. Lo cierto es que, dentro del kirchnerismo, muchos esperaban el desembarco de Guillermo Montenegro en el ministerio y movían sus fichas en consecuencia.
La reconfiguración de la interna libertaria dejó esta semana otra “víctima”, aunque pasó bastante más desapercibida. A través del decreto 130/2026, el Gobierno modificó el artículo 9° del decreto 977/95, que establecía que el ministro del Interior reemplazaba en funciones al jefe de Gabinete.
Tras el cambio normativo, esa responsabilidad ya no recae en Diego Santilli, sino en Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, y en su ausencia en quien ocupe el Ministerio de Defensa. Se cumple así la lógica karinista: la cinta de capitán permanece entre propios.
Frente a estos movimientos, en el vértice caputista se apuran por aclarar que desde hace tiempo están al margen de las internas. Aun así, la jugada los tomó por sorpresa. Especialmente el desplazamiento de Amerio.
Aunque algunos apuntan contra los primos Menem, en los pasillos de la Casa Rosada aseguran que fue Viola quien acercó a Mahiques a Karina Milei. Y lo hizo varios meses antes de que se concretara una de las salidas más anticipadas del gabinete. Fue el cierre de una semana que había comenzado con Las Fuerzas del Cielo canceladas en la transmisión oficial del discurso presidencial en el Congreso.
Con todo, el sector caputista le resta dramatismo a los movimientos y prefiere concentrarse en remarcar los bastiones que siguen intocables: ARCA, la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro y la SIDE.
En ese universo hay otro que avanza sin demasiado ruido y que se consolida paso a paso como uno de los puentes estratégicos entre Argentina, Estados Unidos y la red de alianzas occidentales en las que Javier Milei se siente más cómodo. El poder nuclear.
Nuevo Plan Nuclear: el tablero que se empieza a redibujar
Esta semana, cuando el Gobierno desembarque con sus pesos pesados en un roadshow montado a medida, la discusión sobre el futuro de la energía nuclear tendrá un lugar privilegiado. El tema se abordará no solo en la sede central de la Argentina Week—en la sede del Bank of America— sino también en un side event específico en el consulado argentino, con poco más de dos horas de intercambio y networking entre actores estatales y representantes del sector privado.
La última semana parte de ese ecosistema coincidió en el 7° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026. El panel titulado “Sector nuclear: una oportunidad para Mendoza” reunió en una misma foto al nuevo presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos; al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y a representantes de CNEA, Dioxitek, CONUAR, INVAP y UrAmérica Argentina.
En esa postal todavía falta un eslabón para completar la cadena de producción nuclear del país . Hacia ese objetivo apuntan las conversaciones que ya comenzaron con varios gobernadores y que se profundizarán en el extremo opuesto del continente en las próximas horas.
Ese es el eje central de la primera meta del Plan Nuclear que el gobierno de Milei está reescribiendo tras descartar el esquema que había impulsado Reidel y que nunca terminó de consolidarse. Aunque todavía se encuentra en etapa de bosquejo, el nuevo plan es ambicioso. Sus impulsores hablan de una política de Estado con horizonte de al menos 20 años.
Para lograrlo, entienden que deben cerrar acuerdos que trasciendan los ciclos políticos y redefinan los contornos de la producción de energía nuclear en la Argentina. La privatización de Nucleoeléctrica, aunque demorada al menos hasta septiembre u octubre —hay quienes piensan incluso en fin de año— se inscribe dentro de esa misma lógica.
La idea de una política de Estado genera cierta ironía incluso dentro del propio universo libertario. Pero el esquema se apoya en acuerdos con gobernadores aliados y dialoguistas, ya que la base del proyecto depende en gran medida de las provincias. No es casual que con muchos de ellos el oficialismo aspire también a cerrar acuerdos políticos de cara a 2027, siguiendo el ensayo que ya puso en práctica en Mendoza, Chaco y Entre Ríos.
El cerebro técnico detrás de esta arquitectura nuclear es, en rigor, la número dos de la Secretaría de Energía Nuclear: la subsecretaria de Políticas Nucleares Ayelén Giomi. Con trayectoria en la CNEA, la ingeniera química fue designada formalmente en febrero con un objetivo concreto para lo que resta del mandato hasta 2027. Para algunos, se trata de una meta más realista que la prometida por Reidel: reactivar la minería de uranio en la Argentina.
De allí surgen las conversaciones iniciadas en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo y las que se prevé mantener esta semana en Nueva York con mandatarios como Nacho Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén). Incluso aparece Santa Cruz dentro de este mapa de interés.
Actualmente, Argentina importa la totalidad del concentrado de uranio necesario para abastecer sus centrales nucleares. La dependencia externa se mantiene desde que la extracción minera local se discontinuó en 1997.
Los cálculos de la CNEA estiman un potencial superior a 33.000 toneladas de uranio recuperable, suficiente para abastecer la demanda interna durante 150 años. A partir de ese volumen, también se proyecta exportar a lo largo de toda la cadena nuclear: desde la extracción hasta el procesamiento, la fabricación de reactores y servicios de gestión. Y convertir a la Argentina en un “hub” global
La salida de Reidel y dos de sus gerentes —envueltos en denuncias de presunta corrupción— terminó por alinear las piezas centrales del engranaje nuclear bajo un mismo mando político: el de Santiago Caputo, quien mantiene abiertos sus canales con la Casa Blanca.
Otro punto pendiente es la privatización del 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica. Con la nueva conducción del área, el Gobierno comenzó a trabajar nuevamente en el diseño del llamado a licitación que no avanzó con la velocidad esperada durante la etapa anterior. Al tratarse de un actor clave en la gestión de las centrales nucleares del país, el eventual ingreso de capital privado quedará inevitablemente condicionado por el alineamiento geopolítico de la Casa Rosada.
La incorporación este fin de semana de la Argentina a la iniciativa trumpista Escudo de las Américas, restringe los márgenes de acción aunque no desentona con los ejes que la Argentina libertaria se trazó en esta área sensible en temas de seguridad.
En efecto, el gobierno de Milei se compromete a integrarse en una estrategia regional contra “cárteles criminales y organizaciones terroristas extranjeras”. Pero es el cuarto mandato de esa iniciativa el que pone un cerco a Beijing: Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas influencias extranjeras consideradas malignas fuera del hemisferio occidental.
La ambigüedad de la formulación alcanza tanto a China como a cualquier actor externo que Washington considere problemático. Aunque nadie duda de que, en la práctica, el mensaje apunta a Beijing. ¿Eso deja a China fuera del sector nuclear argentino?
Desde el inicio, el Gobierno había descartado avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear de origen chino. Tampoco tendría espacio en una instancia anterior de la cadena productiva que había despertado su interés: el abastecimiento de agua pesada, insumo esencial para Atucha I, Atucha II y Embalse.
Tras la finalización de la concesión con ENSI, en Neuquén, en octubre del año pasado, la CNEA avanzó con un relevamiento integral de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) cuya propiedad es 100% estatal. La producción se detuvo el 30 de mayo de 2017, pero la actual gestión la considera un activo estratégico y trabaja en el diseño de un pliego para su revamping y reactivación.
Sin embargo, como ocurre en casi todos los frentes donde aparece China, el Gobierno argentino —incluso el de Milei— sabe que debe sostener un delicado equilibrio debido a su peso comercial para el país. Esa lógica quedó en evidencia esta semana cuando el Ministerio de Economía finalmente otorgó luz verde a la UTE Gezhouba para reactivar las obras de las represas santacruceñas, paralizadas durante 30 meses, otro proyecto de inafraestructura que interesa al gigante asiático y por el cual hay menos líneas rojas que cruzar.
Una decisión que, curiosamente, llegó con un timing geopolítico casi perfecto para compensar la ofensiva discursiva desplegada desde Miami.