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La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó su preocupación y criticó fuertemente, mediante un comunicado, la presentación del proyecto de ley sobre la gestión ambiental de envases del kirchnerismo.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, y presentada días atrás en el Congreso por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, apunta a promover la gestión de los envases en todo el país, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y auspiciar la responsabilidad de las y los productores en la gestión.
Uno de los puntos centrales es la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.Con lo recaudado se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
Desde AmCham consideraron que es una "propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo". Por el contrario, afirmaron, "genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro".
"Las empresas nucleadas en AmCham Argentina están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular", aseveraron. Y añadieron: "AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización".
Sin embargo, aseguraron que "alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación".
Otro de los "puntos débiles" del proyecto, según su parecer, es el cálculo de la tasa ambiental cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien "en el peso del material sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho".
A renglón seguido, manifestaron en el comunicado que lo "lógico" sería que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije objetivos graduales, reservando para el Estado su rol de ser: autorizar y controlar los sistemas implementados, y si las metas no se logran aplicar multas y sanciones acordes o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente.
caja discrecional
"Este proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias, básicamente, porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público, una alquimia que lamentablemente se hizo habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia", lanzaron.
A través de numerosas instancias, "la industria asumió su compromiso en torno al desarrollo de negocios sustentable. Más importante aún, tiene las herramientas para trazar el impacto de su actividad en el medio ambiente". Y con metas definidas de forma transparente, precisaron, "se podría reducir progresivamente cualquier efecto perjudicial en el mismo".
"El proyecto debe centrarse en cómo mejorar los sistemas de gestión, en base a modelos probados y garantizando su eficiencia. Pero sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil y nada efectivo, a un desafío que amerita otro tipo de compromiso en torno a la recolección y al reciclado", plantearon en el texto.
A modo de cierre, Amcham puntualizó los riesgos que se plantean con este tipo de políticas: "obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible".
"Hoy más que nunca es necesario que el Gobierno y en este caso el Congreso nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable de nuestra economía", concluyeron.