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Un conjunto de diputados y diputadas de diversos bloques de la oposición presentó un proyecto para activar el mecanismo de moción de censura previsto en la Constitución Nacional contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa apunta a las contradicciones entre sus declaraciones ante el Congreso y las explicaciones posteriores sobre ahorros no declarados. Qué posibilidades de prosperar tiene.
La situación patrimonial de Adorni sumó un nuevo capítulo político tras la justificación de su patrimonio que dio en televisión nacional. El jefe de Gabinete aseguró que su patrimonio provenía de su padre y que él habría invertido en bitcoin en el año 2014.
Adorni reveló que el dinero ganado habría quedado guardado en un pendrive hasta este año, que decidió usarlo.
En este sentido, a pesar de que el jefe de Gabinete todavía no presentó formalmente su declaración jurada, los diputados y diputadas del peronismo, parte del radicalismo y bloques independientes presentaron un proyecto de resolución para promover una moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Los legisladores firmantes consideraron que las explicaciones brindadas por el funcionario sobre los bienes omitidos en sus declaraciones juradas afectaron la confianza institucional necesaria para ejercer el cargo. El dato político es que tanto Germán Martínez como Cecilia Moreau se plegaron, aunque desistían de hacerlo por ciertas resistencias de otros co-firmantes a figurar en el pedido con Unión por la Patria.
La iniciativa invoca el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la responsabilidad política del jefe de Gabinete ante el Congreso, y solicita además que Adorni concurra a la Cámara de Diputados para responder preguntas sobre las inconsistencias detectadas en su patrimonio.
“El problema ya no es únicamente judicial, sino político e institucional”, dice en los fundamentos del proyecto.
El argumento para solicitar la moción de censura: una contradicción entre lo dicho en Diputados y en televisión
El planteo opositor se apoya en las declaraciones televisivas, dónde Adorni aseguró que junto a su esposa habían acumulado más de medio millón de dólares que no figuraban en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según Juliano, esas afirmaciones chocan con la exposición que el jefe de Gabinete realizó el 29 de abril ante la Cámara baja. Allí, Adorni aseguró que todos los bienes que integraban su patrimonio estaban debidamente declarados y negó cualquier ocultamiento.
Para el diputado radical, la cuestión excede la eventual investigación judicial y abre un interrogante sobre la credibilidad del funcionario encargado de informar al Congreso sobre la marcha del Gobierno.
“Lo que está en discusión es si esta Cámara puede seguir depositando confianza en quien tiene la obligación constitucional de brindar información veraz y completa”, señalaron en la iniciativa.
Para los impulsores de la iniciativa, la afirmación adquiere una dimensión institucional por tratarse de uno de los funcionarios más importantes del Poder Ejecutivo.
La moción de censura es una herramienta prevista por la Constitución para evaluar la responsabilidad política del jefe de Gabinete.
Sin embargo, su avance dependerá de que la oposición logre reunir respaldo suficiente para impulsar el debate en la Cámara de Diputados.
“Siguen faltando números para lograr la moción de censura”, admitió una voz parlamentaria a El Cronista.
En la oposición consideran que hasta que el jefe de Gabinete no sea procesado, “no pasa nada”.
“En cualquier país lo rajan, acá no”, afirmó una voz parlamentaria de la oposición a El Cronista.
Por ahora, el proyecto presentado por Juliano agrega presión política sobre Adorni y busca trasladar la discusión patrimonial desde los tribunales al Congreso, donde el funcionario tiene la obligación constitucional de rendir cuentas sobre su gestión.
La casa en Indio Cuá y los movimientos bajo investigación
Entre los argumentos incorporados al proyecto también aparecen referencias a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior declaración forman parte de las controversias alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete.
La presentación menciona además información incorporada al expediente judicial que investiga el caso, incluyendo obras realizadas en la propiedad, movimientos financieros y gastos atribuidos al matrimonio.
La polémica se profundizó después de que Adorni incorporara a su declaración jurada activos en criptomonedas valuados en más de medio millón de dólares.
La regularización de esos fondos coincidió además con su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los mecanismos contemplados en el esquema de “inocencia fiscal” impulsado por el Gobierno.
La situación abrió otro frente de disputa en el Congreso. El socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para impedir que funcionarios y magistrados accedan a ese régimen.
Paralelamente, que el diputado Maximiliano Ferraro denunció que la normativa fue diseñada “a medida” del jefe de Gabinete.
Incluso dentro del oficialismo aparecieron cuestionamientos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que las omisiones detectadas constituyen un problema ético y sostuvo que será la Justicia quien determine las eventuales responsabilidades.