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La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal abrió la puerta a revisar si el Gobierno sigue obligado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario mientras continúa el litigio. Los camaristas hicieron lugar este martes a dos quejas del Estado y habilitaron apelaciones que el juez Martín Cormick había rechazado.
La resolución clave apunta contra la decisión de Cormick de dar continuidad a la ejecución de la cautelar que ordena actualizar salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. El Gobierno sostiene que esa medida ya no está vigente, y ahora será la Cámara la que defina esa cuestión.
Los fallos se firmaron esta mañana, mientras el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendía en la Cámara de Diputados las partidas educativas del Presupuesto 2027.
Para entender el alcance de la decisión hay que distinguir dos carriles dentro de la misma causa. Por un lado está el juicio principal, en el que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras universidades pidieron una declaración de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, el cual promulgó la Ley 27.795 pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.
Por otro lado está la medida cautelar, una orden provisoria que el juez dicta para proteger un derecho mientras se resuelve el fondo del asunto. En diciembre de 2025, Cormick ordenó por esa vía cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición salarial y a las becas. La cautelar se tramita en un expediente separado, llamado incidente, y fue confirmada por la Sala III en marzo y por la Corte Suprema en junio.
El 6 de octubre, Cormick dictó sentencia en el juicio principal y declaró la inconstitucionalidad del decreto. El Gobierno apeló ese fallo y, según relata en su presentación ante la Cámara, el recurso fue concedido “en ambos efectos”. En la jerga judicial, eso significa que la sentencia queda en suspenso hasta que la alzada se pronuncie.
El 9 de octubre, al elevar la causa principal a la Cámara, Cormick aclaró que la ejecución de la cautelar seguiría su curso en el incidente. Esa frase es la que el Gobierno apeló y la que la Cámara decidió revisar.
El Estado sostiene que la cautelar tenía un límite temporal fijado en la propia resolución que la dictó. Según su planteo, ese límite no era accesorio, sino que delimitaba el período durante el cual la medida debía producir efectos, y venció con la sentencia de fondo.
Si esa lectura prospera, el resultado sería que el Gobierno no tendría orden judicial que cumplir mientras dure el litigio. La sentencia que declaró inconstitucional el decreto está suspendida por la apelación, y la cautelar, según el Ejecutivo, ya no existe.
En su queja, el Estado afirmó que Cormick buscó ampliar “por vía interpretativa” el alcance temporal de una decisión que se encontraba firme. Además, remarcó que el CIN nunca cuestionó ese límite en ninguna instancia, y planteó una violación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso, seguridad jurídica y propiedad.
El Ejecutivo también objetó que las cifras que se le exigen son de “una dimensión extraordinaria” y que no surgen de una liquidación concreta. Cormick había rechazado la apelación con el argumento de que el artículo 15 de la Ley de Amparo (16.986) limita las resoluciones que pueden recurrirse en ese tipo de procesos.
El otro fallo de este martes habilitó la apelación del Gobierno contra la intimación que Cormick dictó el 30 de septiembre. Esa providencia amplió los fundamentos de otra del 22 de septiembre y le dio al Estado cinco días para cumplir la cautelar, bajo apercibimiento de astreintes. Las astreintes son multas que se acumulan por cada día de incumplimiento y buscan forzar el acatamiento de una orden judicial.
El jueves pasado, la misma Sala ya había habilitado la apelación contra la intimación del 22 de septiembre. Con la de este martes, quedan bajo revisión las dos intimaciones que sirvieron de base para las multas de $100.000 diarios que Cormick impuso el 14 de octubre al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El Gobierno insistió en que ya cumplió. Según su cálculo, la ley obliga a compensar la inflación solo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, mes en que se sancionó la norma, y los aumentos posteriores deben acordarse en paritarias.
Con un incremento del 21,33% sobre los haberes de mayo de 2026, el Ejecutivo afirma que la suba acumulada llegó al 226,80%, por encima del 226,40% de inflación del período. Cormick, en cambio, había estimado que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 correspondía una actualización del 312,19%. El Gobierno sostuvo que ese cálculo es erróneo y que choca con la Ley de Presupuesto 2026.
Qué pasa ahora
En los tres casos, la Cámara concedió las apelaciones “en relación”, es decir, con un trámite escrito y sin producción de pruebas. Igual que el jueves pasado, no especificó si los recursos suspenden lo apelado, un punto que define si las multas y la ejecución de la cautelar quedan frenadas mientras se resuelve.
Los camaristas también repitieron que su decisión no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar”. El fundamento para habilitar las apelaciones fue que su rechazo podía causarle al Estado un “gravamen irreparable”.
Las resoluciones llevan las firmas del juez de Cámara Sergio Gustavo Fernández y de los subrogantes José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, ya que la Sala tiene dos cargos vacantes. Es la misma Sala que en marzo confirmó la cautelar y que ahora deberá decidir si sigue vigente.
El Presupuesto en Diputados
Los fallos se conocieron mientras Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, exponían ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch. En la reunión, Torrendell sostuvo que los fondos destinados a las universidades superan los de 2015 y 2022.
El proyecto oficial asigna $7,3 billones a las universidades nacionales, mientras que el CIN calcula necesidades por $11 billones. Además, el texto obliga a las universidades a rendir cuentas al Ministerio de Capital Humano sobre la asignación y ejecución de los fondos, y habilita a ese ministerio a interrumpir las transferencias ante incumplimientos.
Antes de la exposición, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman pidió que la comisión convoque a representantes del CIN, de los gremios y de los estudiantes. La discusión llega cinco días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento de la ley.
