La Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York desestimó ayer un pedido de Argentina para revocar el desacato contra el país que dictó a fines del año pasado el juez de distrito Thomas Griesa. Como el magistrado no avanzó en sanciones contra la República, el tribunal de alzada consideró que no existe aún una "orden final" que apelar.
"Concluimos que la Corte de Distrito no emitió una orden final", afirmó Apelaciones en un escueto dictamen de cuatro líneas. Ese fue el argumento que esgrimieron los fondos buitre NML Capital, Aurelius y otros para pedir a la Corte de Apelaciones que rechace tomar el caso. No obstante, el Ministerio de Economía emitió ayer un comunicado en el que celebró la decisión, porque confirma que "la orden de Griesa no tiene efectos prácticos".
Griesa declaró al país en desacato el pasado 29 de septiembre, dos semanas después de que el Gobierno decidiera remover al Bank of New York (BONY) como agente fiduciario y designar a Nación Fideicomisos. El magistrado consideró que esa medida, junto con otras anteriores, probaban que el país se resistía a cumplir con su fallo a favor de los holdouts por u$s 1330 millones más intereses (u$s 1700 millones). Sin embargo, en ese entonces no tomó medidas concretas y dejó el fallo abstracto. "La corte se reserva la decisión sobre la cuestión de las sanciones para más adelante", indicó el juez en ese entonces.
Esa falta de sanciones concretas motivó la desestimación de la apelación por parte del tribunal de alzada. Y, para el Gobierno, demostró que la orden de Griesa es abstracta. "El rechazo de la apelación con base en la falta de jurisdicción no es una afirmación de la orden de desacato, sino que significa únicamente que deberá esperarse a que se desarrollen los procedimientos en la Corte de Distrito para que la apelación pueda ser oída", indicó el Ministerio de Economía que conduce Axel Kicillof en un comunicado.
Según un abogado que sigue el caso, el rechazo de ayer no invalida que Argentina pueda apelar en un futuro una eventual sanción concreta por el desacato. Griesa podría establecer, por ejemplo, una multa por cada semana que el país incumpla con sus órdenes. Existen casos en los que la justicia estadounidense aplicó este castigo a países "rebeldes", como Sudán, Libia y Rusia. Se han aplicado multas de alrededor de u$s 50.000 semanales contra países soberanos, más simbólicas que efectivas.
Ocurre que Griesa no tiene demasiadas alternativas concretas. No puede embargar dinero que no esté en Estados Unidos (de hecho, los u$s 539 millones correspondientes a pagos de deuda que permanecen en cuentas del BONY están congelados y no embargados, porque están en Buenos Aires, lejos de la jurisdicción de Nueva York). Y la eventual multa también sería desestimada por Argentina, que ve correr intereses en dólares de alrededor del 9% anual al no pagar la sentencia.
Por otro lado, anoche vencía el plazo para que los holdouts pidan a Griesa sumar "me toos" a la sentencia por u$s 5400 millones adicionales. Buena parte de ese dinero corresponde a causas adicionales de NML Capital, Aurelius y EM, el fondo buitre de Kenneth Dart. Eso encarecería el reclamo contra el país hasta los u$s 7.100 millones. Para Argentina, abriría la puerta a juicios adicionales por más de u$s 10.000 millones.