La estrategia para el veto de Milei y el plan B para invalidar las leyes aprobadas

La sesión de alto voltaje que se produjo en el Senado este jueves dinamitó los puentes de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, anotó otra traición de la vicepresidente Victoria Villarruel y dejó la mancha de lo que podrían ser 5 vetos presidenciales de Javier Milei en pleno año electoral. Sin recursos para controlar al Congreso, el Gobierno apelará a los reglamentos para dar la discusión y amenaza con judicializar todo. Según pudo saber El Cronista se fuentes del Gobierno, el plan a seguir será vetar las leyes previsionales y de emergencia en discapacidad y, dentro de los argumentos del veto se podría contemplar la invalidez de la sesión y de los dictámenes, dos de las tantas acusaciones que trascendió tras los reveses parlamentarios. El planteo se llevará a la Justicia solo si el veto no logra sostenerse, según aclaró el Presidente. El hecho se dará en pleno cierre de listas nacionales. La avanzada opositora no fue sino con atropellos que la política parlamentaria da lugar por imposición de mayorías. Primero lo quiso discutir el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, al comienzo de la sesión: "Nunca en la historia se vio esto. Esta sesión es inválida y hasta el kirchnerismo ha presentado un proyecto que los contradice sobre su intención de hoy de autoconvocarse", alegó en su discurso. Frente a él estaba sentada Villarruel, presidiendo la sesión y, consecuentemente, contrariando el planteo de Atauche, ya que habilitó la sesión una vez que hubo quórum. Lo particular es que no hubo un pedido de sesión especial de los senadores para que ella no pueda aplazar la convocatoria, la clásica maniobra para darle tiempo a la Casa Rosada y al mismo tiempo no cerrar el recinto. En cambio, los opositores apelaron a que el cuerpo votó este año que los miércoles y jueves a las 14 se darán sesiones ordinarias y se presentaron directamente. "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor", lanzó vía X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se subió a la ola de ataques de parte de los militantes libertarios en redes. "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", contraatacó Villarruel. En su respuesta además defendió la validez de la sesión: "Cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. El H. Senado es soberano. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones", alegó. De hecho, una vez que Villarruel se retiró y cuando asumió a presidir Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, el senador José Mayans lo echó porque discutió que no podía presidirla si la consideraba inválida y, efectivamente, para el momento de las votaciones también se fue. Silvia Sapag, senadora de UP, tomó su lugar el resto de la jornada y ningún libertario votó nada. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en declaraciones en Radio Rivadavia que"el Ejecutivo las va a vetar y va a plantear la ilegitimidad de ambas". El propio Jefe de Estado volvió sobre eso, en su discurso en la Bolsa de Comercio: "Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar", sentenció. Más allá de la sesión, el reclamo de los libertarios pasa porque los dictámenes de los proyectos para aumentar las jubilaciones, restituir la moratoria y declarar la emergencia en discapacidad -que se convirtieron en ley, tras la ratificación del Senado- se firmaron en una reunión de comisión también autoconvocada. Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, nunca la abrió y los miembros, que habían pedido el plenario, finalmente distribuyeron las firmas en reuniones distintas. El ida y vuelta se llevó a cabo la semana pasada, y la última estrategia del jujeño libertario fue convocar la comisión pero para el martes 15 de julio, de manera tal que se pueda atrasar el eventual veto. Villarruel sí sostuvo este planteo y tampoco reconoció los dictámenes, pero finalmente se sometió a votación y el cuerpo legislativo decidió validarlos: incluso aliados como Luis Juez (PRO) colaboraron con la oposición para que se anoten esto y, aunque ya se podían aprobar con mayoría simple, de todos modos los proyectos lograron reunir unanimidad para ser aprobados. Por último, el argumento central del Gobierno para discutir los proyectos es que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Pese a que la Argentina actualmente no funciona con una ley de presupuesto actualizada, se trata del artículo que reflota Milei cada vez que el Congreso amenaza con llevar adelante un proyecto con impacto fiscal. La oposición reclama que sí se contempla financiamiento en el proyecto de jubilaciones, ya que hay un capítulo que se incluyó del dictamen que promovió el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Este establece que para financiar las jubilaciones, se le ajuste el presupuesto de los $32.616 millones a los fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se elimine la excepción al IVA que tienen los directores de empresas, la eliminación de sobrecargos a intereses del empréstito con Monetario Internacional (FMI) en el octubre del 2024 y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor. La otra carta está reservada para los dos proyectos que reforman los ATN y el Impuesto a los Combustibles, los cuales también alteran el equilibrio fiscal según discuten desde el Gobierno Nacional y, de aprobarse en Diputados, también serán vetados. En la Casa Rosada ya comenzaron a discutir que los proyectos en materia impositiva le corresponden por origen a Diputados. En la Cámara alta se atajaron de esto y alegaron que al no tratarse de la creación de ningún impuesto, sino más bien de la redistribución de la masa de coparticipación, eso sí le corresponde constitucionalmente al Senado según el artículo 75 de la Constitución Nacional.

La estrategia para el veto de Milei y el plan B para invalidar las leyes aprobadas

Con reclamos a Villarruel, el Gobierno cuestionó la validez de la sesión y de los dictámenes de los proyectos. El veto vendrá antes de la judicialización. El argumento principal es el equilibrio fiscal, pero denuncian irregularidades parlamentarias

Daniela Romero

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