En esta noticia
En su intento por dar un golpe de timón a la agenda mediática y desplazar el foco de la polémica en torno a su figura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de 60 pliegos judiciales -serán 62 finalmente- al Senado. La jugada apunta a recuperar iniciativa sin abrir frentes innecesarios en una Cámara donde el gobierno de Javier Milei se siente más holgado.
Hasta donde pudo reconstruir El Cronista, la primera tanda evita juzgados de peso electoral que puedan complicar la búsqueda de los 37 votos necesarios para su aprobación. Aun así, el proceso de actualización de ternas dejó algunas sorpresas.
Por la tarde, el propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó “el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social".
“Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial.Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde", añadió en sus redes sociales.
El anticipo había quedado a cargo del jefe de Gabinete, durante su exposición ante la prensa en la que buscó mostrarse activo. “El Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo (por ayer) 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante”, sostuvo Adorni durante su exposición en Casa Rosada.
En paralelo, volvió a mencionar proyectos legislativos ya anticipados, como los vinculados a la propiedad privada.
“Para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía”, agregó. Y precisó que “364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.
El diagnóstico no es nuevo. Las vacantes en la Justicia constituyen un problema estructural que atraviesa distintas gestiones. En la Casa Rosada manejan un número más acotado: 303 cargos a cubrir. La estrategia es avanzar por tandas sucesivas, sin un cronograma definido.
“Elegimos estos primeros 62 por tomar un número. No lo hicimos por nada en particular”, admitió a este medio un alto funcionario.
Antes de llegar al Senado, los pliegos atraviesan un circuito administrativo que incluye la actualización de ternas en el Ministerio de Justicia, su revisión en la Secretaría Legal y Técnica —a cargo de María Ibarzabal Murphy— y la firma presidencial. Recién entonces ingresan a la comisión de Acuerdos.
Al cierre de esta edición, los 62 pliegos todavía estaban en etapa de actualización documental y validación legal. Muchas de las ternas provienen de gestiones anteriores: algunas se remontan a la presidencia de Alberto Fernández e incluso a la de Mauricio Macri. A ese universo se suma un centenar de concursos concluidos en 2025 por el Consejo de la Magistratura.
Desde el oficialismo aseguran que no hubo priorización por origen, sino un recorte transversal entre fueros y antigüedad de expedientes. Ese criterio expuso inconsistencias.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se promovió la designación de 311 magistrados, mientras que otros 213 pliegos quedaron frenados tras el cambio de mayoría en el Senado en 2019. El Frente de Todos avanzó solo con unas 40 designaciones, lo que dejó un stock significativo de vacantes acumuladas. A esos lugares se sumaron otros en los últimos años.
Como muchas ternas ya están cerradas, el margen de maniobra del Ejecutivo es limitado: solo puede elegir entre los candidatos ya evaluados.
Las sorpresas en las ternas
En el proceso de revisión emergieron casos que obligaron a recalcular. El más resonante fue el de Marcelo Bailaque, quien figuraba en una terna pese a encontrarse bajo prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica por causas que incluyen presunta corrupción, extorsión y vínculos narco.
Bailaque, exjuez federal de Rosario, había aspirado a un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones. En junio de 2025, Javier Milei aceptó su renuncia, lo que le permitió evitar el juicio político y conservar su jubilación.
El mes pasado, la fiscalía pidió una condena de diez años, aunque el exmagistrado negó los cargos. Su nombre fue descartado de inmediato al detectarse en los expedientes. En estos casos, se recurre al siguiente postulante en el orden de mérito.
No es el único inconveniente. En la depuración también aparecen candidatos fallecidos, jubilados o que podrían desistir del proceso. “Algunos de estos candidatos concursaron hace años. Quizás ahora su proyecto de vida es muy diferente”, explican fuentes oficiales.
Ese escenario explica por qué el Gobierno evita fijar plazos concretos para las próximas tandas, aunque mantiene como objetivo reducir el atraso estructural. A mediano plazo, agilizar los tiempos de selección en el Consejo, para que los procesos de selección y evaluación no se extiendan más allá del año. Para ello, precisan articular los consensos políticos.
Distinta es la situación de la Corte Suprema. Las dos vacantes siguen sin urgencia en la agenda oficial. Como anticipó Milei tras el discurso del 1° de marzo, no hay apuro ni un candidato que encaje con la visión que busca imprimir en el máximo tribunal. Tampoco hoy parecieran tener un nombre específico en carpeta.
En el Senado, por donde deben transitar los pliegos, el oficialismo se mueve con un panorama más favorable. El peronismo más crítico aún no avanzó sobre los integrantes del interbloque dialoguista que participará en la comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.
Hoy habrá una reunión para abordar la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá y ascensos militares. Incluso se mencionaba la posibilidad de tratar la promoción de Carlos Mahiques a la Cámara de Casación.
Con La Libertad Avanza y sus aliados, el oficialismo reúne mayoría de firmas para dictamen. Y, si se sostienen los acuerdos alcanzados durante las sesiones extraordinarias, también cuenta con los votos necesarios para la aprobación en el recinto. La clave, por ahora, es seguir ese camino: avanzar sin abrir conflictos.