La oposición en el Senado tiene votos de sobra para aprobar los proyectos que aumentan las jubilaciones y declaran la emergencia en discapacidad, por lo que desde el oficialismo descuentan que el tratamiento culminará en un veto del presidente Javier Milei. De todos modos, no hay garantías de que el Congreso le blinde la decisión y hay una fecha clave que podría ser un antes y un después en la dinámica parlamentaria con el Ejecutivo.
Los principales puntos de las iniciativas tratan de una recomposición excepcional del 7,2% para jubilados y pensionados, un incremento del bono de $70.000 a $110.000 más su actualización por IPC, el flujo de transferencias a las Cajas Previsionales, la restitución de la moratoria y un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad.
En conjunto, representan un misil al plan económico del Gobierno en términos de equilibrio fiscal y es por eso que el propio Presidente ratificó la decisión, una vez más, de vetarlos. "De cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit fiscal", aseguró inmediatamente el jefe de Estado en X.
Veto total o parcial y negociaciones
De todos modos, fuentes de La Libertad Avanza en diálogo con El Cronistapusieron en duda que el veto también aplique para la emergencia en discapacidad, que representa solo el 0,15% del PBI, puesto que los 0,3 puntos que pronosticó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, apuntaban a la redacción original de la declaración por dos años y finalmente se acordó aprobar uno solo.
En este caso, Diputados dio luz verde con 148 votos afirmativos, una amplia mayoría conformada también por sectores aliados como la UCR de Rodrigo De Loredo, y se espera que el Senado lo replique.
Al bajo costo fiscal que representa el proyecto se suma que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tiene como precedente un escándalo por haberle dicho a los padres de un menor con autismo que su discapacidad "no es un problema del Estado" y les cuestionó: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?", según reconstruyeron ellos en diálogo con la AM750.
El costo político asoma muy alto para que el Congreso le valide ese veto y por eso es que ningún referente del Gobierno -ni el vocero presidencial, Manuel Adorni, o el jefe de Gabinete, Guillermo Francos- se refirieron a este caso puntual. Desde un despacho interpretan que "no hay tal emergencia" y que el Presidente la vetará bajo esa lógica, pero no hay nada garantizado.
También trascendió la posibilidad de que se impulse desde el Ejecutivo alguna medida para aumentar las prestaciones y que eso justifique el veto, pero en el Gobierno solo sostienen: "Todo lo que salga de ese antro, se veta".
Lo único certero es el veto total para los proyectos previsionales. El año pasado, el jefe de bloque libertario Ezequiel Atauche se diferenció de la estrategia en la Cámara baja y apuntó a negociar que se mantenga el 8,1% (el equivalente al 7,2% de ahora) para dilatar el debate. Según fuentes de LLA, eso está descartado para esta oportunidad y, de hecho, creen que ni hará falta hacerlo ni para dilatar el tratamiento.
Senado: el efecto Cristina y cierre de listas
"No veo apuro. Menos ahora que los K están distraídos con algo más importante", leía una fuente parlamentaria en alusión al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia por la condena de Cristina Kirchner. De hecho, el Senado suspendió todas las comisiones programadas para la semana pasada y los legisladores consultados por este medio sostienen que se repetirá en la que arranca.
Los proyectos ingresaron formalmente el lunes pasado y el Senado ya está en condiciones de convocar al plenario: para el de jubilaciones lo trataría la comisión de Trabajo y Previsión Social que dirige la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, y la de Presupuesto y Hacienda que comanda Atauche.
Durante los últimos días, los sectores opositores amagaron con acelerar una hoja de ruta para que el jueves pasado comience el tratamiento en el plenario para llevarlo lo antes posible al recinto, pero finalmente no se trazó ninguna estrategia. En cambio, el foco está puesto en seguir debatiendo en Asuntos Constitucionales la ampliación de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Corte Suprema.
Esta semana, además, habrá más feriados y en julio se avecina el receso parlamentario de dos semanas (las últimas dos del mes) que también podría retrasar una definición, especialmente tomando en cuenta que en la Cámara alta por reglamento deben transcurrir siete días desde la firma de dictámenes para ir al recinto. Con todo, si la oposición consigue avanzar en una sesión rápida que apruebe todo para las primeras semanas de julio, esto desencadenaría en un veto que se trataría en el Congreso recién en agosto.
Fuentes parlamentarias alertaron ante El Cronista que miran esa fecha como un antes y un después, puesto que para ese entonces es el cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre. Toda decisión parlamentaria estará atravesada en ese sentido: "Es muy difícil que podamos avanzar con algo antes de agosto", evaluó la fuente opositora, en alusión al comportamiento de los gobernadores.
El rol de los gobernadores
La bajada de los mandatarios provinciales son clave para inclinar la balanza en el Congreso y fue gracias al volantazo de varios aliados que la oposición consiguió avanzar con estos proyectos en Diputados. Entre ellos, sorprendieron los oficialismos de San Juan, Salta, Misiones, Río Negro y Tucumán, entre votos afirmativos, ausencias y abstenciones.
En el Senado, el panorama es más simple: UP cuenta con 34 bancas y están a solo 3 del quórum. Del otro lado hay varios postulantes a conformarlo: principalmente en la UCR Martín Lousteau y Pablo Blanco son votos asegurados, aunque también se habla de Daniel Kroneberger y se pone en duda a Maximiliano Abad, protagonista de las negociaciones por el armado en la Provincia de Buenos Aires con el PRO y LLA.
A ellos se podría sumar Guadalupe Tagliaferri, la larretista del PRO; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; y la cordobesa Alejandra Vigo. Lo clave será si entre todos juntan dos tercios para bloquearle el veto, en caso de que en Diputados no vuelvan a aparecer esos 87: en base a la última votación, quedaron pulverizados.
Pero ahora los gobernadores tienen en carpeta una serie depedidos de fondos por coparticipación y trabajar en una reforma tributaria que, además, se suma a las adhesiones por el Régimen Simplificado de Ganancias y el futuro proyecto de Inocencia Fiscal para aumentar la recaudación de dólares.
"Si nos vienen a pedir fondos pero después nos van a meter una ley en el Congreso para alterar el equilibrio fiscal, hay algo que no está alineado con el planteo", reclamó la última semana un funcionario ante El Cronista. Si bien entienden que el "juego político" por las elecciones también tiene peso, creen que eventualmente los mandatarios, incluso los opositores, son los principales interesados en el orden económico y, por tanto, el veto quedará firme.