Si hay un distrito donde el Gobierno debe demostrar la transparencia de las próximas elecciones ése es la provincia de Buenos Aires. No sólo porque aglutina al 37,6% del padrón electoral y porque será decisivo para determinar quién será el nuevo presidente de la Argentina. También porque su composición social y su extensión geográfica lo transformaron en el territorio más complejo, el más violento y el de mayores demandas insatisfechas del país.
En "la provincia inviable", como tristemente la suelen calificar en el ambiente político, viven hoy más de 16.000.000 de habitantes y estarán en condiciones de votar más de 12.000.000 Cada partido político deberá convocar a 34.000 fiscales para controlar cada mesa de votación y sumarle a ellos unos 1.000 fiscales generales para, al menos, estar en condiciones de que ningún dirigente o fuerza tenga allanado el camino para ejecutar alguna maniobra de fraude.
Por eso, es una buena noticia que el cuestionado juez federal, Laureano Durán, haya accedido a que cada competidor pueda contar con 300 boletas en cada mesa de votación, el mínimo indispensable para que los fiscales de los candidatos no se vean obligados a renovar las boletas toda vez que se agoten o desaparezcan por acción de los energúmenos que actúan al amparo de dirigentes que sólo aspiran a permanecer de cualquier manera en el refugio del poder. Es imprescindible la protección judicial a los votantes, tanto como la participación ciudadana masiva que complemente la presencia del Estado.