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La Corte Suprema de Justicia de la Nación no comenta discursos presidenciales. Apegada a su rol institucional de asegurar la supremacía de la Constitución, los supremos evitan la confrontación directa con el Poder Ejecutivo. Pero ello no quita que se hayan retirado del Congreso disconformes con el crudo diagnóstico que Alberto Fernández hizo del Poder Judical.
En el inicio del período de sesiones ordinarias, el Presidente reclamó por la falta de tratamiento de la reforma Judicial que envió en 2020 y que perdió estado parlamentario; alegó que la máxima autoridad de la judicatura actúa en complicidad con el expresidente Mauricio Macri, cuestionó la "crisis de funcionamiento", y reclamó abordar "la conformación y funcionamiento de la Corte", ya que "lo que pasa en el Poder Judicial es grave".
El cuerpo colegiado que integran HoracioRosatti, CarlosRosenkrantz, RicardoLorenzetti y JuanCarlosMaqueda -un tribunal cojo sin la pata femenina, tras la renuncia en noviembre pasado de Elena Highton de Nolasco- niegan que se atraviese una crisis de funcionamiento. A las críticas, responden con datos.
Tras el último acuerdo de los ministros, del pasado 28 de diciembre, la Corte Suprema cerró el año con el dictado de 8358 sentencias y habiendo fallado en 21.053 expedientes. Son aproximadamente 3000 resoluciones más que el promedio de los últimos cinco años. De esas causas, 6270 fueron de temas previsionales (29,7%), 4743 de materia penal (22,5%), 4391 de administrativo (20,8%) y 1975 de temas tributarios y bancarios (9,3%), precisaron desde los Tribunales.
Días antes del inicio de las sesiones, el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, admitió que el Poder Judicial enfrenta "desafíos", los cuales atribuyó a "faltas propias". Otros tantos, sin embargo, los adjudicó a "la actuación o falta de actuación de los otros poderes".
Por más autonomía
Rosatti envió una señal a la Casa Rosada al reclamar que la Corte "quiere ser consultada en los temas que la involucran", a la par que aseguró "proactividad" para resolver las deudas pendientes por su cuenta. "Nadie conoce más las deficiencias del Poder Judicial que los judiciales", remató, en aras de marcar la autonomía que pretende preservar.
El máximo tribunal se volvió a trenzar con la Casa Rosada a partir del fallo que tiró por la borda la ley que regula la composición del Consejo de la Magistratura, y que forzó al Gobierno a enviar a la brevedad un proyecto de ley que lejos está de tener el visto bueno de los supremos. El Gobierno y la Corte quieren retener para sí la presidencia del Consejo, para maniobrar con más cintura la administración de los recursos y los procesos de selección y remoción de jueces.
Este fue otro de los capítulos de desencuentros, en una seguidilla que incluyó una tirante reunión con el ministro de Justicia, Martín Soria, que reprochó a los jueces tener "una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad" y les manifestó su "por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años". Los jueces, como se consignó más arriba, arremetieron más tarde con datos.
Entretanto, el Tribunal se prepara para abordar temas candentes. El 10 de marzo, la Corte convocó al Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para mediar en el conflicto por la quita de Coparticipación a la Ciudad."El trabajo sigue", indican desde el palacio judicial.
En febrero, la Corte fijó reuniones para mejorar el sistema de Justicia, ejecutó modificaciones para mejorar la Obra Social -objeto de críticas desde el kirchnerismo, que le endilga a los jueces no tener siquiera capacidad de manejar asuntos administrativos- y fijó audiencias públicas sobre temas con alto impacto social.
Los altos magistrados convocaron a escuchar a las personas interesadas en opinar sobre la legalidad del cultivo de cannabis para uso medicinal, la protección de la privacidad en Internet, acciones relativas al cuidado del medioambiente y la validez de la actividad de los corredores inmobiliarios.