La comisión bicameral permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) vuelve a apuntar contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para ahondar en los cabos sueltos que dejó el escándalo de Marcelo D'Alessio, el falso abogado condenado por ser miembro de asociaciones ilícitas que operaban en Inteligencia y lavado de activos años atrás.
Así lo pudo saber El Cronista de una fuente de primera mano del cuerpo parlamentario que se volvió a reunir el último martes para definir una próxima citación a la funcionaria de Javier Milei, a quien se la vincula con Carlos Stornelli, el fiscal que fue investigado por una presunta participación en una de las asociaciones ilícitas y luego sobreseído por el juez federal Julián Ercolni por falta de prueba.
"En los fundamentos del fallo que condenó a D'Alessio se dio a entender que Bullrich conocía la actividad ilegal y la relación con Sotrnelli fue esencial para el funcionamiento de la organización criminal", acusaron las fuentes de la bicameral.
El Caso D'Alessio
La banda de D'Alessio operó durante los años 2016 y 2019, cuando Bullrich era titular de la cartera de Seguridad bajo el gobierno de Mauricio Macri. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 condenó a D'Alessio a 13 años y medio de prisión por los delitos de asociación ilícita, violación a la Ley de Inteligencia Nacional, realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito, coautor de hechos de extorsión y tenencia ilegal de armas de guerra.
También fueron condenados otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de inteligencia (R.O.B y R.H.B). Las maniobras criminales consistían en la obtención, producción y almacenamiento de información de personas a través de bases de datos restringidas que utilizaban para espionaje e intimación a fin de exigir sumas de dinero.
Según fuentes de la CBI, uno de los puntos a investigar en este sentido es que hubo colaboradores de los servicios de Inteligencia y que algunos de ellos podrían aún integrar la actual Secretaría, al mando de Sergio Neiffert.
Según el fallo de los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Taselli dado a conocer en julio de este año, todo fue posible por la "red de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de Seguridad, así como con periodistas y empresarios".
La investigación se había iniciado originalmente en 2019 en el juzgado federal N°1 de Dolores a cargo, en ese entonces, de Alejo Ramos Padilla. La denuncia corrió por parte del productor Pedro Etchebest, quien acusó tanto a D'Alessio como a Stornelli de una extorsión para no involucrarlo en la causa "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita", conocida como la Causa de los cuadernos, a cambio de u$s 300.000.
En el caso de Stornelli, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la Cámara Federal de Casación se expidieron a favor de desvincular al fiscal de las actuaciones por falta de prueba. Ercolini tomó investigación cuando esta última radico el caso en Comodoro Py y le revocó el procesamiento.
Bullrich, en el ojo de la CBI
Un artículo de Página 12 reveló que en los fundamentos de la condena de D'Alessio esbozaron: "Desconocemos qué información disponía D'Alessio en este caso, pero lo que en este punto queda claro es que la Ministra pudo haber conocido que una persona que no pertenecía formalmente a ninguna fuerza de las que tenía a su cargo ni a las agencias del Sistema de Inteligencia Nacional en dos oportunidades estaba realizando ‘investigaciones criminales'". El fallo contiene capturas de conversaciones por chat entre Bullrich y el condenado.
Desde la comisión, que comanda actualmente el senador radical Martín Lousteau, confirmaron esa información y en el encuentro que realizaron el pasado martes 7 de octubre determinaron que buscarán citar a Bullrich en el marco de este caso. La pretensión de convocar a la funcionaria no es nueva, ya que también tienen en carpeta una investigación sobre la influencia de los servicios de Inteligencia en las operativos de Seguridad que se llevan a cabo para contener las movilizaciones callejeras. Hasta ahora no lo hicieron.
Ese mismo día además los visitó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, un hombre del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo, quien además es el cerebro detrás de la SIDE. Según las fuentes, el encuentro se trató de un informe de gestión del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y "no hubo ningún tipo de conflicto".
