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La provincia de Buenos Aires volvió a escalar su disputa financiera con la Casa Rosada al poner en el centro del debate una cifra que sintetiza el conflicto: según el gobierno de Axel Kicillof, la Nación acumula una deuda total de $16,7 billones con el distrito, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados.
El planteo fue explicitado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a otros funcionarios provinciales, en un contexto de fuerte deterioro económico que agrava el impacto de ese pasivo. En esa línea, el funcionario calificó de “insostenible” el programa económico nacional y advirtió sobre la caída del empleo y la actividad productiva como telón de fondo del reclamo.
Tres componentes de la deuda
El informe oficial desagrega el monto total en tres grandes bloques. Por un lado, las deudas directas, que ascienden a unos $4,1 billones. Allí se incluyen obligaciones concretas como las transferencias de ANSES a la caja jubilatoria provincial —uno de los puntos más sensibles—, compensaciones del Consenso Fiscal 2017, fondos educativos como el FONID y programas de salud y asistencia social.
El segundo componente corresponde a los saldos de obras públicas comprometidas por la Nación en territorio bonaerense, que alcanzan los $9,2 billones. Se trata de proyectos paralizados o discontinuados, desde planes de vivienda como Procrear o Casa Propia hasta obras de infraestructura ejecutadas directamente por el Estado nacional o en convenio con municipios y universidades.
Por último, la Provincia estima en $3,4 billones la deuda derivada de la interrupción o retraso de programas nacionales. En este punto aparecen recortes o demoras en políticas clave como el FONID, el fondo de fortalecimiento fiscal (FOFOFI), programas alimentarios, el sistema de transporte y planes sanitarios como Remediar o provisión de medicamentos para trasplantes.
El eje ANSES y la disputa judicial
Dentro de ese esquema, uno de los focos principales del conflicto es la deuda previsional. La Provincia reclama por las transferencias de ANSES que deberían compensar el déficit de su caja jubilatoria, un mecanismo vigente desde hace años y que constituye uno de los puntos centrales de las demandas presentadas ante la Corte Suprema.
En total, Buenos Aires inició al menos ocho reclamos judiciales contra el gobierno de Javier Milei. Entre ellos figuran también la eliminación del FONID, del fondo de fortalecimiento fiscal, de subsidios al transporte y el incumplimiento de acuerdos fiscales previos.
La estrategia judicial refleja un cambio de escenario: ante la falta de acuerdos políticos y financieros, la Provincia busca que el máximo tribunal obligue a la Nación a restituir fondos o reconocer deudas que considera exigibles.
Más allá de la deuda: el “desfinanciamiento”
El gobierno bonaerense amplía el diagnóstico y sostiene que el problema excede la deuda acumulada. Si se suma la caída de recursos por menor recaudación y transferencias, el “desfinanciamiento” total ascendería a $24,6 billones.
Este argumento apunta a mostrar un doble impacto: por un lado, la falta de envío de fondos comprometidos y, por otro, la reducción de ingresos corrientes en un contexto de ajuste fiscal nacional.
Impacto político y económico
El reclamo de Buenos Aires se inscribe en una tensión más amplia entre la Nación y las provincias, en particular por el rediseño del esquema de gasto público impulsado por el gobierno libertario. Sin embargo, el peso específico del distrito —que concentra cerca del 40% de la población del país— le da una dimensión particular al conflicto.
Desde la administración provincial advierten que el recorte de recursos nacionales obliga a redireccionar partidas propias para sostener programas alimentarios, educativos y sociales, como detalló el ministro Andrés Larroque al anunciar refuerzos presupuestarios.