Mientras desde las principales entidades empresarias diseñan la estrategia judicial que llevarán a cabo para frenarla, la inminente sanción de la Ley de Abastecimiento en la Cámara de Diputados genera rechazo entre constitucionalistas que aseguran que es violatoria de la Carta Magna nacional. Félix Loñ, Gregorio Badeni y Andrés Gil Domínguez, consultados por El Cronista, coincidieron en declarar que el proyecto llevado por el kirchnerismo al Congreso afectará los derechos del sector previstos en la Constitución Nacional.
"No quedan dudas que es inconstitucional, tal como sucede con la anterior Ley, la 20.680, de 1974, que fue suspendida pero no derogada", asegura Loñ, quien recuerda un fallo de la Corte Suprema en el que se afirma que "ni siquiera en emergencia se desconoce lo establecido en la Constitución". En ese sentido, cita el artículo 28, que advierte que "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".
Loñ considera "grave" que el precio de un producto lo puede llegar a poner el Estado y cree que fue "el Gobierno el que agravó la situación con políticas erróneas; no los empresarios". Sobre la eventual judicialización de la Ley, Loñ sostiene que llevará su tiempo porque "para iniciar una causa se tendrá que demostrar un daño en ciernes, o concreto".
Para Badeni, la Ley es "manifiestamente inconstitucional" porque le otorga a la Secretaría de Comercio "una serie de facultades que tiran por la borda el derecho de propiedad desde el momento en que se establecen precios máximos o mínimos, y se abre la posibilidad de multar a empresas que no cumplan". El constitucionalista cree que la sanción de la Ley busca "poner todo en manos del gobierno de turno".
Badeni recuerda que en 1987 "se pretendió aplicar una multa al diario La Prensa por aumentar el precio de tapa" y que ese intento fue frenado por la Corte, que revocó la sanción por tres votos contra dos. El abogado asegura que la eventual Ley "violaría el artículo 17, referido a la propiedad privada" y sostiene que "es propia de un régimen populista", ya que "se presta a cualquier tipo de intervención del Estado en el futuro".
Gil Domínguez fue citado para exponer en el debate previo al tratamiento en Diputados, pero no lo pudo hacer porque "me tuvieron tres horas pastando", a la espera de que el ministro de Economía Axel Kicillof interviniera. Según el abogado pampeano "la Ley busca sustituir la oferta privada por la estatal" y "modificar el orden socioeconómico y la economía de mercado que se constitucionalizó en la reforma de 1994 con el artículo 42".
El abogado cree que para que prospere una demanda en la Justicia se deben promover "acciones declarativas", ya que esperar que lleguen las multas para demostrar un eventual perjuicio "puede ser terrible, porque antes de reclamar, primero se tendría que pagar". Pero piensa que como sucedió con la fallida reforma judicial que impulsó el kirchnerismo, "la Corte puede pararla".
