Horas antes de que se concrete el pedido de desacato contra Argentina ante la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, en el marco de la causa por la expropiación de YPF, la defensa de la República contraatacó.
Los abogados defensores de Argentina presentaron este lunes ante la Corte de Apelaciones, instancia superior de Preska, un pedido para que se suspenda el discovery en el marco del juicio. El pedido de discovery consiste en la recolección de pruebas con la que los demandantes aspiran a demostrar que YPF oficiaba de alter ego del Ejecutivo. El pedido incluye las comunicaciones de distintos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo.
A fines de diciembre pasado, trascendió que el fondo Burford, dueño de los derechos para litigar en contra de Argentina, pediría el desacato del país ante lo que consideraron la falta de entrega de pruebas, entre ellos, las comunicaciones de algunos funcionarios actuales, como el ministro.
La defensa argentina sostiene que cumple con el proceso de discovery ordenado y que ya presentaron más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales.
El pedido de comunicaciones de cuentas y dispositivos personales de los funcionarios se encuentra también apelado. Una de las explicaciones de la defensa sobre la no entrega de esta información se sustenta en que quienes decidieron no brindar sus comunicaciones están amparados por el artículo 18 de la Constitución, “que garantiza el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia”. El pedido, consideran desde la defensa, constituye una carga invasiva y sin precedentes, con impacto en el funcionamiento del Estado y en contradicción con los principios de respeto entre naciones.
En el escrito ante la Corte de Apelaciones, la defensa argentina pidió la revisión inmediata de la medida de discovery porque considera que el pedido “coloca a la República ante una disyuntiva inaceptable: violar su propio orden jurídico interno o enfrentar sanciones judiciales en los Estados Unidos”.
El discovery, considera la defensa, carece de utilidad real “y parece orientado únicamente a obstaculizar la gestión del país”.
La Corte de Apelaciones fue la que aprobó la suspensión temporal de la orden de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, equivalente al 51% del paquete accionario.
Desde los pasillos oficiales consideran que “a partir del 15 de enero (fecha en la que se presentará formalmente el primer escrito para el pedido de desacato) comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato contra la República Argentina” y que “ninguna solicitud de este tipo tiene efectos jurídicos reales hasta tanto el país pueda ejercer su defensa y la cuestión sea analizada y resuelta por la jueza Preska”.
Conocedores del caso consideran que los planteos de Burford están orientados a someter a la Argentina a “pedidos intrusivos y desproporcionados” para “generar presión política y mediática”. Además, señalan que un reclamo de esta magnitud busca “poner arena en los engranajes del proceso de normalización del país”.
Indican también que influye en esta decisión la caída en la cotización de Burford tras la audiencia de apelación en el Segundo Circuito en octubre, cuando se realizó la primera exposición oral de las partes en la apelación por la sentencia de fondo que ordenó a Argentina a pagar u$s 16.000 millones.
Los reclamos de Burford sobre la colaboración de la defensa argentina no son nuevas. En las transcripciones de las audiencias con Preska son múltiples los planteos sobre la falta de información y las dificultades para acceder a las pruebas que solicitan los demandantes.
La presentación de los escritos en el marco del pedido de desacato para Argentina se mantendrá hasta marzo. La fecha de conclusión del encuentro coincide con lo que será la semana argentina en Wall Street, foro creado por los principales bancos estadounidenses al que asistiría el presidente Javier Milei.