Fuente: PRO
Fuente: PRO
En esta noticia
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, redobló la presión sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al exigir que la Provincia se haga cargo del costo de atención de personas en situación de calle con domicilio en territorio bonaerense que hoy son asistidas en la Ciudad. El reclamo ya supera los $27 mil millones. Mientras tanto, desde el kicillofismo vuelan acusaciones de “cara dura”.
“@Kicillofok es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, lanzó Macri en redes sociales, en un mensaje directo al mandatario provincial.
El planteo se apoya en la normativa vigente tras la modificación introducida por el Decreto 373/2025 a la ley nacional de situación de calle, que establece que cada jurisdicción es responsable de la atención de las personas dentro de su territorio.
Desde la Ciudad sostuvieron que la provincia de Buenos Aires no está cumpliendo con esa obligación, pese a contar con su propio programa de asistencia.
Según un informe oficial enviado al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, actualmente “al menos 2.327 personas son residentes de la Provincia de Buenos Aires” dentro del sistema de asistencia porteño .
El documento, firmado por los ministros Gabriel Mraida y Gustavo Arengo, detalla que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el gasto total a $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.
En ese marco, los funcionarios reclamaron “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante”, y advirtieron que la deuda también incluye períodos anteriores.
Además, señalaron que “la erogación mencionada se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños y genera un ahorro para la Provincia de Buenos Aires”, lo que implica “un perjuicio para los residentes de la Ciudad”.
Según indicaron desde la Ciudad, el sistema de asistencia porteño cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas durante todo el año y brindan atención integral, alimentación, higiene, asistencia psicológica y acompañamiento, a 4.626 personas.
Desde el Gobierno porteño insistieron en que el cumplimiento de la ley y la distribución de responsabilidades entre jurisdicciones es clave para garantizar una respuesta “sostenible y equitativa” frente a la problemática, en medio de un nuevo foco de conflicto político entre la Ciudad y la Provincia.
La respuesta de Kicillof
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, respondió al reclamo de la Ciudad con un fuerte énfasis en su propia política de abordaje de la situación de calle.
“Cinismo”, “caradura” y “falta de coraje” fueron algunas de las acusaciones que volaron desde el riñón del gobernador a el jefe de Gobierno porteño.
“¡Qué tipo con “coraje” sos Jorge Macri! Te cuento que en la Provincia duplicamos los Centros de Integración Social que operan en el área metropolitana y el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad", aseguró el ministro Andrés “Cuervo” Larroque en una publicación en su cuenta de X.
Desde la administración bonaerense respondieron a El Cronista que, en un contexto de creciente vulnerabilidad social, profundizaron la estrategia de atención integral y duplicaron en los últimos dos años los Centros de Integración Social (CIS), ampliando la capacidad de respuesta territorial mediante dispositivos convivenciales, equipos móviles y operativos estacionales.
A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Larroque, la Provincia pasó de 28 a 58 centros en funcionamiento, distribuidos tanto en el AMBA como en el interior, con atención las 24 horas.
Según explicaron, estos espacios no solo brindan alojamiento, sino también acceso a salud, educación, formación laboral y actividades recreativas, con el objetivo de promover la restitución de derechos y la construcción de proyectos de vida, en articulación con municipios, organizaciones sociales y entidades religiosas.
“Él fue intendente de un municipio hasta hace dos minutos, debería saberlo”, indicaron fuentes calificadas a El Cronista.
En ese marco, el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, planteó que la problemática “no alcanza con administrarla como una emergencia”, sino que responde a causas estructurales como la pérdida de ingresos, la ruptura de redes y los consumos problemáticos.
Además, advirtió que el abordaje requiere políticas integrales y sostenidas, y cuestionó el contexto de “asfixia financiera” y escasez de recursos que, según sostuvo, enfrenta la Provincia por parte del gobierno nacional.
Desde la gestión bonaerense también apuntaron contra la falta de una política nacional activa en la materia.
Señalaron que la modificación de la Ley 27.654 implicó un corrimiento del Estado nacional, que dejó de tener un rol central y trasladó responsabilidades a provincias y municipios sin los recursos necesarios