Gobernar por decreto, una táctica imposible para los planes de Milei

Sin una mayoría propia en el Congreso y con más preguntas que certezas respecto a cómo puede instrumentarse un acuerdo programático eventual con el PRO, la perspectiva de un gobierno de Javier Milei sigue despertando dudas sobre su solidez en la cuenta regresiva al 19-N. La incógnita sin dilucidar no varió demasiado en relación a los dos test electorales previos: qué grado de gobernabilidad puede tener el economista ante las nulas chances reales de ejercer un gobierno por decreto como prometió hacer para sortear los bloqueos a sus pretendidas reformas.

En rigor, el ascenso de Milei a la Presidencia lo convertiría en un Presidente sin territorio, salvo por tres intendencias en Córdoba y Chubut. Tampoco tendrá, a priori, provincias propias o aliadas: hasta el momento, los gobernadores de Juntos mostraron distancia prudencial, aún después del acuerdo de Mauricio Macri con el candidato.

A diferencia de ello, el 22 de octubre sí le significó un número considerable de legisladores en distintos niveles pero en ningún caso le garantiza una mayoría propia para sesionar, menos aún una diferencia holgada para impulsar las reformas con las que sueña.

Decretos inviables

Milei no cuenta hoy con un ascendente sobre el Poder Judicial, una lectura que comparten algunos de sus nuevos socios en Juntos. Incluso hubo magistrados como Horacio Rosatti que ya se pronunciaron en público contra una vulneración de la moneda nacional como la que traería aparejada la dolarización que pretende Milei. La consecuencia inevitable sería entonces una judicialización extrema de la política a partir del cuestionamiento de esos decretos.

"Si se intenta gobernar por decreto de necesidad y urgencia, la consecuencia ineludible es que se van a judicializar todas las medidas que se tomen por esta vía. En ese sentido la Corte Suprema de Justicia es muy estricta en cuanto a que la habilitación tiene que ser por razones excepcionales, que el Congreso tiene que estar cerrado, o aún funcionando tiene que ser de una necesidad muy súbita", explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez a El Cronista.

Gobernar -o intentar hacerlo- solo por decreto, no solo pondría a Milei en tren de colisión con las instituciones que busca comandar sino que, paradójicamente, lo convertiría en un exponente más de la llamada democracia plebiscitaria que tanto cuestiona de gobiernos como Venezuela a los que califica de dictadura.

"No es posible gobernar exclusivamente por decreto de necesidad y urgencia, primero por la limitación constitucional, y segundo porque esto desvirtúa el funcionamiento del sistema democrático cuyo corazón es el Congreso sancionando leyes", completa Gil Domínguez. Y aún en los casos en los que se emiten, estas decisiones deben ser convalidadas por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Una barrera en el Congreso

A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo la integran ocho diputados e igual número de senadores, respetando la proporción de bancas. Esto quiere decir quelos bloques mayoritarios tienen más lugares en la comisión.Además, la presidencia y la vicepresidencia es rotativa de forma anual entre Cámaras: en 2024 le tocaría al Senado.

La Libertad Avanza ganó 36 bancas que se suman a las dos que tiene desde 2021. Juntos quedará con 93. Del mismo modo, en el Senado, LLA ingresará con siete bancas y Juntos tendrá 24. El Pacto de Acassuso trastocó todo esto y lo dejó con un final abierto: si gana Milei, los bloques podrían reconfigurarse con libertarios y halcones de PRO conformando un nuevo tipo de formación de hasta 80 bancas en la Cámara baja y 12 en la alta, y reubicando al resto de Juntos como tercera minoría en Diputados.

La proyección pertenece a la Agencia de Información Legislativa Esfera Pública (EP) aunque sus responsables aclaran que el final no está escrito, a la luz de las disidencias que despertó el acuerdo Milei-Macri en las filas del libertario. No está claro aún que se materialicen en fracturas si gana. Aún el mejor de los escenarios para el libertario, todavía no le alcanzaría para salir adelante con sus reformas, y ni siquiera estaría cerca de los 129 y 37 que requiere como quórum para sesionar en Diputados y el Senado

"Esta comisión tiene un plazo de 10 días para convocar a tratar cada decreto aunque el plazo no se cumple a rajatabla. Cuando hay una situación política por la expectativa que despierta el DNU, no llega a pasar la mesa de entrada que convocan a la Bicameral", sostiene Doris Stauber, co-directora de EP. "Recién cuando se conformen los bloques parlamentarios con los números finales de cada uno, se verá qué peso relativo tiene cada fuerza en la comisión", completa.

Entre las prerrogativas de la Bicameral figura la potestad de expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto que analiza y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para que lo convalide o no. Nuevamente se trata de un juego de suma cero en el que, a priori, el libertario también está condenado a perder sin el respaldo del sector de Juntos que lo rechaza así como de los bloques provinciales, la izquierda y Unión por la Patria.

"El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto", dicta la norma. En otras palabras, se examina si el decreto se justifica -por circunstancias excepcionales- o si avanzó deliberadamente sobre potestades del Congreso. La Constitución Nacional cierra específicamente el camino a la vía del decreto para cualquier reforma penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Gran parte de las ideas promovidas en la plataforma de La Libertad Avanza van por esos carriles.