La presidenta Cristina Kirchner puso en marcha anoche un plan que, en los hechos, había visto la luz casi un año atrás. El 26 de agosto de 2013, la jefa de Estado anticipó la intención de pagar en Buenos Aires a los tenedores de deuda reestructurada. La propuesta finalmente quedó en la nada, porque podía ser entendida como un desacato a las condiciones impuestas originalmente el juez Thomas Griesa. La iniciativa resurgió con algunos aditamentos, como la designación de un nuevo agente de pago en lugar del Bank of New York y el depósito de un pago adicional para los holdouts, incluidos los fondos buitre que litigan contra la Argentina. A continuación, algunas claves del nuevo paso adoptado por el Poder Ejecutivo.


1. El objetivo primario del plan es ofrecer una alternativa de pago a los tenedores de bonos con legislación extranjera, ya que todos los desembolsos se cursaban a través del BoNY, y por ende estaban bloqueados por la sentencia Griesa. Por esa razón, el primer anuncio de la Presidenta es la autorización al Ministerio de Economía a actuar con Nación Fideicomisos, que tendrá habilitada una cuenta especial en el Banco Central.


2. El principal obstáculo que tiene este cambio es que muchos tenedores de deuda son fondos de inversión que no pueden tener activos que se liquiden fuera de EE.UU. o que se rijan por otra legislación. Eso crea un nuevo limbo legal que no está contemplado en las condiciones originales de emisión. Para los analistas, este factor reforzará la calificación de default parcial.


3. La Argentina decidió, una vez más, eludir los alcances de la sentencia Griesa. Los expertos consideran que el cambio aumentará la litigiosidad. Un bonista que no tenga voluntad o posibilidad de optar por el canje de títulos pagaderos en Buenos Aires, podrá presentarse dentro de los próximos 60 días (una vez aprobada la ley) para reclamar la aceleración de todos los vencimientos contemplados.


4. El tercer canje solo se instrumentará en la medida en que sea demandado por los tenedores, que recibirán bonos de condiciones financieras idénticas y de igual valor nominal, pero con legislación Buenos Aires. Un dato a tener en cuenta es que estos bonistas ya habían optado en 2005 y no eligieron cobrar en la Argentina, el país que pesificó sus deudas en dólares.


5. El texto de la norma incluye un gesto residual hacia los fondos buitre, al anunciar que por primera vez podrían recibir un desembolso de la Argentina: se les depositará el equivalente a lo que recibieron los que entraron al canje 2005, adoptando la interpretación convencional del pari passu. No es un incentivo real, ya que tienen una sentencia a su favor por u$s 1650 millones, y juicios en marcha por otros u$s 2400 millones.


6. La medida respeta algunos parámetros de la Ley 26.886, como no mejorar la oferta del canje, pero deja de lado el requisito de abandonar las acciones legales contra la Argentina.


7. El horizonte de pagar a partir de enero se diluye, así como una instancia superadora de
negociación. La cláusula RUFO queda fuera de foco. Y si el aval político del Congreso no es homogéneo, el vencimiento del 30 de septiembre quedará inmerso en la incertidumbre.