Fuerte advertencia al Gobierno por la vigencia de los DDHH en la actividad empresaria

La crisis económica o el contexto mundial de debacle no es justificativo alguno. Para las Naciones Unidas "la Argentina debe garantizar los derechos humanos en todas las actividades empresariales" ya que actualmente "no está cumpliendo con sus obligaciones". Estas son las conclusiones iniciales del informe que dejó ayer en Buenos Aires y en Ginebra el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos que visitó el país para una misión especial de revisión de la situación actual en el país. "Incluso en medio de una crisis macroeconómica, Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales", dijeron las expertas de la ONU Pichamon Yeophantong (Presidenta), Damilola Olawuyi (Vicepresidente) y Fernanda Hopenhaym que visitaron el país para hacer una revisión a fondo de la situación de derechos humanos y actividad empresarial. Luego de una recorrida por más de 10 provincias y entrevistas con diferentes actores del mundo privado y estatal, la misión de Naciones Unidas determinó que "las autoridades argentinas deben garantizar la protección de los derechos humanos en todas las actividades empresariales, especialmente en un momento en que éstas se consideran una posible solución a los problemas económicos del país". Al referirse a las autoridades argentinas en materia de garantes de la protección de los derechos humanos en las actividades empresariales la ONU apunta indirectamente al rol que le compete en el caso de la Argentina a la ministra de Trabajo Raquel 'Kelly' Olmos. A la vez, en las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo de la ONU a las que accedió El Cronista se advirtieron que las fallas detectadas "significarían que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado". "Argentina no debe olvidar que las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero. Fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable", declaró Pichamon Yeophantong, presidenta del Grupo de Trabajo. En este sentido, la titular de la misión de la ONU que visitó el país destacó que la Argentina cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados. Sin embargo, en las entrevistas que las expertas de Naciones Unidas mantuvieron en las provincias identificaron "una brecha significativa en la implementación y cumplimiento de los marcos legales y regulatorios en todos los ámbitos", señalaron. Durante la visita, las expertas se reunieron con representantes del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos, Pueblos Indígenas y empresas privadas y estatales para debatir las oportunidades y los retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas. Tras reconocer "avances prometedores" en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social, las expertas afirmaron que la protección de los derechos humanos de algunos grupos dentro del país sigue estando "rezagada". Según las expertas, estas desigualdades "se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, con graves impactos sobre los derechos humanos que deben ser abordados". Desde este punto de vista se puso énfasis en la "alarmante invisibilidad" que sufren las comunidades y pueblos indígenas, "históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación", señaló Fernanda Hopenhaym. Durante su visita, el Grupo de Trabajo dijo haber sido testigo de los impactos sobre los derechos a la salud, a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, al agua y al saneamiento, a la participación, al acceso a la información, a la subsistencia y al desarrollo. "Las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas", señalaron las expertas de la ONU que instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar sus esfuerzos para prevenir estos impactos negativos y garantizar el acceso a la reparación. "Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo", dijeron. El Grupo de Trabajo visitó las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y mantuvo reuniones con diferentes actores, entre ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias. El informe final de esta visita, que incluirá los distintos hallazgos y recomendaciones finales, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2023. El Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Forma parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU. Este grupo es el que informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU sobre la situación de cada país.

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Una misión de expertos visitó la Argentina para evaluar las actividades empresarias en el país y el cumplimiento de garantías básicas en las actividades económicas. Llamado de atención y sorpresas

Martín Dinatale

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